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El comunicado emitido por el Círculo de Periodistas de Bogotá:
"En defensa de la libertad de prensa, de expresión y el derecho a la información como pilares de la democracia colombiana, como principios fundamentales desde su fundación, el Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, respalda el trabajo periodístico e investigativo del Canal RCN Televisión que involucra a dos exministras de Estado y a algunos familiares en contratación pública.
Con base en documentos oficiales, Noticias RCN Televisión reveló el pasado 28 de febrero que las ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez firmaron en el año 2014 el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES número 3817, que autorizaba una adición de la vía Ocaña-Gamarra cuyo trazado favorecería al futuro puerto de Andalucía, ubicado en Gamarra y en cuya construcción participarán sociedades controladas en un 95 por ciento por intereses de dos hermanos Parody.
Antes de publicar la información, los reporteros de RCN Televisión intentaron respuestas de las dos exfuncionarias para dar equilibrio periodístico a la investigación sin obtener resultados.
Según Noticias RCN, las exministras han debido responder a las preguntas planteadas previamente por sus periodistas “en vez de insistir en sus ataques e insinuaciones difamatorias” para exigir rectificaciones.
Anticipándose a demandas y eventuales denuncias penales a través de las cuales se pretendan medidas cautelares con las cuales se intente aplicar ‘censura judicial’ al tema investigado, el Canal RCN Televisión puso en marcha acciones legales para frenar lo que califica como “reiterados agravios y señalamientos intimidatorios” de las señoras Álvarez y Parody que atentan contra el buen nombre del Canal y para defender su derecho constitucional a informar libremente.
La documentación aportada a la opinión pública por los periodistas asignados a esa investigación no deja dudas sobre el pleno y profesional ejercicio periodístico que el Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, exalta en medio del asombro nacional e internacional por la ola de corrupción y aprovechamiento económico de los intereses públicos.
Bogotá D. C. 4 de marzo de 2017".
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