Corte Constitucional publicó la sentencia que tumba intervención de la Supersalud a la EPS Sanitas

La Corte Constitucional emitió una sentencia de 77 páginas donde dejó sin efectos la resolución del pasado el 2 de abril de 2024 de la Superintendencia de Salud de intervenir la EPS Sanitas por orden del Gobierno Nacional.

Según la alta corporación constitucional, esta decisión se dio tras los reclamos que había hecho el Grupo Keralty en defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso, pues en este sentido, figura como propietario de la entidad prestadora del servicio de salud. La Corte dejó sin efectos la resolución que ordenó la toma de Sanitas por el término de un año, resolución que también había sido prorrogada por otro año más.

Tras esta decisión, el Grupo Keralty podría retomar nuevamente el control y administración de la EPS Sanitas gracias a las tutelas que presentaron varias entidades entre estas, la Clínica Colsanitas, Medisanitas y también Juan Pablo Rueda Sánchez, todas estas acciones judiciales en contra de la Superintendencia Nacional de Salud.

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Esta decisión, firmada por el propio presiente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, fue estudiada también por los otros ocho altos magistrados que integran la Corte.

En uno de sus apartados, la decisión señala: "revocar la sentencia del 10 de julio de 2024 proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, Agraria y Rural que confirmó el fallo del 30 de mayo de 2024 expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C. – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Clínica Colsanitas S.A. (…) contra la Superintendencia Nacional de Salud".

Hay que recordar que, las acciones que llevaron a demandar a la Supersalud por su atribución, giró en torno a las preocupaciones de Keralty cuando señaló que dicha intervención a Sanitas provocó un deterioro profundo en el funcionamiento de la EPS.

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En la tutela se señalaba que tras la administración que había tomado el gobierno de la entidad se incrementaron las tutelas, se fragmentó la red de atención y hubo una desorganizaron de los servicios que provocó un desmonte técnico y operativo de la EPS.