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Control Urbano de Cartagena: en cinco años la ciudad estaría purgada de construcciones ilegales

Héctor Anaya, director administrativo de Control Urbano, pidió respaldo a los organismos de control.

Actualizado:
Miércoles, Julio 26, 2017 - 08:04
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rcial Fontanar, ubicado en la vía que comunica a Chía con Cajicá(Cundimarca).

Tres meses después del desplome del edificio Portal de Blas de lezo II, tragedia que enlutó a Cartagena, las autoridades locales se volcaron a erradicar el mal de las construcciones ilegales de la ciudad; una tarea para nada sencilla y que tomaría al menos unos cinco años, según las estimaciones de Héctor Anaya, director de la Oficina de Control Urbano.

“Yo me atrevería a decir que esto no debe pasar más de cinco años, en cinco años creo que es el tiempo mínimo que debe tener uno para poder purgar, pero tiene que haber mucho acompañamiento a las entidades, dijo el funcionario

Además, Anaya Perez le pidió apoyo los organismos de control que hoy investigan a funcionarios de la Alcaldía de Cartagena. “Yo le pido apoyo no solo en la tragedia, sino para también evitar tragedia. Ellos son unos elementos importantes en nuestra organización administrativa y jurídica y deben ayudar a evitar estas tragedias”.

-Patología a los edificios de ‘Los Quiroz’ -

La purga de construcciones ilegales comenzará con las edificaciones de la Constructora & Quiroz, responsable del edificio desplomado Portal de Blas de Lezo II. Este proceso se hará en convenio con la Universidad de Cartagena y se espera que en cinco meses arroje resultados que permitan determinar el estado de las construcciones.

“Eso es un proceso técnico lo hacen arquitectos y los ingenieros. Es un grupo interdisciplinario donde se van a hacer muestras de los componentes y el soporte de la estructura, el estudio de suelo dónde están estos edificios, y vamos a hacer un diagnóstico final para ver si tiene alguna falencia o si puede ser habitados”, explicó Anaya Perez

En el peor de los casos, este diagnóstico podría arrojar que las edificaciones no son aptas para ser habitadas. Las familias que ahí residen deberán evacuar. Sin embargo, el director de esa dependencia no confía que sea un escenario posible, dada su experiencia en el sector.

Yo tengo mucha fe que eso no va a pasar porque indagando en las construcciones que construyeron los señores Quiroz que vienen de dos y tres años atrás, a esta fecha no ha pasado nada, no tienen ningún tipo de inconvenientes, no pienso que vayan a tener problema, sino acondicionarlo un poco a la norma urbanística. Espero que sea así, no quiero más tragedia”, expuso el jefe de esa dependencia

-¿Habrá demoliciones?-

Los inspectores de policía que trabajan de la mano con la dependencia de Control Urbano, están recopilando información sobre cada posible caso de urbanización ilegal. Antes que haya demoliciones, el director de Control Urbano apuntó que debe surtir un debido proceso de acuerdo con la legislación colombiana.

“Yo creo que a partir de un mes, a más tardar, deben estar saliendo las sanciones económicas y todo lo concerniente a las eventuales demoliciones de acuerdo con lo que se esté presentando en el predio que se haya desarrollado ilegalmente, agregó el funcionario.

-Nuevas líneas de acción para el control-

Anaya Pérez sostuvo que desde que asumió el cargo definió nuevas líneas de acción para mejorar el control urbano en Cartagena. La primera de ellas, ‘control urbano instantáneo’ una iniciativa tecnológica que busca que los ciudadanos tengan acceso a las plataforma que permita la verificación de licencias de construcciones o si están de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial.

La segunda, fue la creación de un cuerpo élite, conformado por miembros de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, de las universidades, de Camacol y el Ministerio del Trabajo. “ Esto es un paso interesante de los trabajadores de la construcción están protegidos en las ARL, en la EPS y la parte legal bien establecida, que estén certificados en altura”, añadió el director de Control Urbano.

Esas nuevas estrategias incluye la capacitación sobre la normativa urbana de la ciudad, con la intención de que las comunidades de los barrios pueda ejercer también control.