Contrato de pasaportes: Procuraduría inspeccionó sede de la Cancillería

La Procuraduría realizó una inspección a la sede de la Cancillería en el centro de Bogotá, para recolectar el material probatorio necesario que será tenido en cuenta en el proceso que avanza contra el canciller Álvaro Leyva por la no adjudicación del contrato de emisión de pasaportes. 

Esta diligencia se realizó en horas de la tarde de este lunes, en donde la delegada recolectó la documentación, actas y vídeos respecto al proceso de licitación que fue declarado como desierto. 

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Esta inspección se enfocó puntualmente en las sesiones del comité de conciliación de la Cancillería, que fue la que generó el ánimo conciliatorio con Thomas Greg & Sons frente a la millonaria demanda. 

Por este mismo caso, la Procuraduría ha escuchado a la saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien entregó información sobre el caso a la delegada de la Sala de Instrucción Disciplinaria en los últimos días. 

También el director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería, Juan Carlos Losada, declaró ante la Procuraduría hace algunos días por el caso de la no licitación de ese contrato. 

Esa diligencia se realizó en horas de la mañana del pasado jueves 7 de diciembre, en la que el funcionario entregó toda la información que tiene con respecto al proceso de licitación que fue declarado desierto y una supuesta reunión entre Losada, el hijo del Canciller Álvaro Leyva, Jorge Leyva y empresarios en un hotel en París. 

Este caso ha tenido varios giros por la situación con Zamora, pues la saliente directora presentó su renuncia luego que se diera a conocer una supuesta discusión a gritos en la que el Canciller habría gritado e irrespetado a la directora de la agencia por su participación en la conciliación con Thomas Greg & Sons.  

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Como directora, Martha Lucía Zamora consideró que el mejor camino era una conciliación para evitar “un daño antijurídico” al Estado, pues la millonaria demanda ascendía a más de 100.000 millones de pesos como reparación por los daños causados a la empresa interesada en ese contrato.