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13 Ene 2020 01:31 PM

Contraloría alerta de presuntas irregularidades en contrato del Fondo del Magisterio

Advierte que esta acción configuró un hallazgo de 2.450 millones de pesos.
María Fernanda Herrera
María Fernanda
Herrera
@MafeHerreraCif

El Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (Fomag) contrató servicios con una empresa que no cumplía con los requisitos financieros que le daban la capacidad para poder ejecutar dicho contrato.

Esa fue una de las conclusiones de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, con la cual se configuró un hallazgo por 2.450 millones de pesos. 

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En el informe el organismo de control señala que los estados financieros, a 31 de diciembre de 2018, reportados por la empresa adjudicataria, no concuerdan con la declaración de impuestos de renta de personas jurídicas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ni con los estados financieros registrados en la Cámara de Comercio. 

En la información, suministrada por la firma Gerizin Salud y Seguridad en el Trabajo para participar en el proceso, se observa un presunto aumento fraudulento en el capital de trabajo, por 1.200 millones de pesos, lo que impactó sus estados financieros para acceder a la contratación. 

El organismo de control advierte que este hecho fue evidenciado antes de la adjudicación del contrato, ante las directivas del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, sin que se hubieran adoptado los correctivos del caso. 

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“Con este aumento de capital, la empresa en cuestión pudo habilitarse y ser adjudicataria del Contrato ofertado por el Fomag, sin el cual no habría podido cumplir con el Capital de Trabajo Mínimo que exigía el Fondo”, señala la Contraloría.

Según la entidad, la actuación del Fomag podría ir en contra de los principios de la contratación estatal, al adjudicar un contrato a una empresa, violando uno de los requisitos esenciales de la contratación, que es “cumplir con las reglas determinadas para la selección objetiva, como lo es la capacidad financiera para la ejecución del contrato”.

Ante las evidencias, la Contraloría hará traslado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General para que inicien los procesos competentes.