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El personero Distrital, William Matson, informó que en acción coordinada con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), se iniciaron los preparativos de una eventual defensa legal de los compradores del polémico proyecto inmobiliario “Aquarela”, que afecta la visual del Castillo de San Felipe de Barajas.
De acuerdo con el representante del ministerio público, lo que se trata es de garantizar que en caso de que el proyecto naufrague, las familias que adquirieron los apartamentos, se les devuelva el dinero invertido. “Ya la Superintendencia estableció qué aspectos puede, posiblemente, intervenir en el tema de Aquarela, y sobretodo, en la defensa de los consumidores”, dijo.
Así lo indicó tras sostener una reunión con María José Lamus, directora de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia y delegados de la Procuraduría General de la Nación.
“Aquí tenemos una doble preocupación. Uno es el bien patrimonial de los cartageneros y colombianos, y otro, lo que son los ahorros, el derecho de los consumidores a que no se les defraude con la negociación, en la compra de la vivienda. Nosotros hicimos el llamado la Superintendencia, esta vino y se están tomando las medidas para que la afectación, tanto a los consumidores como a la ciudad, en el tema patrimonial, sea mínima”, afirmó.
Consideró el personero Matson que es necesario que esta situación intervenga una instancia del Gobierno Nacional, como Presidencia de la República para “que empiece a analizar el tema y tome acciones porque aquí, en el momento en el que se tome la decisión ya sea de demoler el edificio, eso va a generar unas repercusiones que va a afectar tanto a los constructores como a los compradores, y también va a enviar un mensaje a todos los constructores de vivienda e infraestructura, porque necesitamos seguridad jurídica en el tema de las construcciones”.
Por último, indicó que estas acciones que se están tomado, buscan no sólo proteger a los ciudadanos que compraron de buena fe, sino también anticiparse a las medidas jurídicas o lluvias de demandas que se podrían generar por esta situación en contra del Distrito, por lo que reiteró que el objetivo es generar el menor daño posible tanto a las finanzas del Distrito, como a los consumidores y tampoco se afecten los proyectos VIS que se requieren en la ciudad.
