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El Gobierno Nacional confirmó que concedió asilo diplomático a María Alejandra Díaz, quien, tras desertar del chavismo, denunció ser víctima de persecución por razones políticas e ideológicas.
La Cancillería señaló en un comunicado: "El 11 de enero de 2025, el Gobierno de Colombia concedió asilo diplomático a la ciudadana venezolana María Alejandra Díaz Marín, quien argumentó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del Estado venezolano". Esto se dio después de que la abogada afirmara estar asilada, desde el primer mes del año, en la embajada colombiana en Caracas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre esta decisión, y solicitó que se le otorgara el salvoconducto a para que pudiera llegar a territorio colombiano.
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“Colombia solicitó que se concediera el respectivo salvoconducto que permitiera a la señora Díaz Marín desplazarse desde la Residencia Oficial hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, así como recibir las facilidades correspondientes para abordar un vuelo hacia territorio colombiano”, se lee en el documento.
No obstante, afirmaron que en este caso “no es necesaria la emisión de un salvoconducto, dado que no pesa sobre ella ninguna orden de captura ni proceso judicial abierto".
El Gobierno también señaló que Díaz Marín incumplió las condiciones pactadas al momento de concederle el asilo, ya que realizó “bajo su propia responsabilidad” declaraciones públicas sobre su condición el pasado martes 5 de agosto en la red social.
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Sin embargo, se informó que “desde su llegada a la Residencia Oficial, la Misión Diplomática de Colombia en Caracas le ha otorgado, y seguirá otorgando, la debida protección y las condiciones adecuadas de permanencia”.
El caso de Díaz
En octubre de 2024, el Frente Democrático Popular (FDP), una coalición del chavismo disidente de la que forma parte Díaz, interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se ordenara la publicación desagregada de los resultados de las elecciones presidenciales. Este recurso fue rechazado por el máximo tribunal el mes siguiente.
Además, la Sala Constitucional impuso una multa a Díaz, quien apoyó la solicitud del FDP, y ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados iniciar un "procedimiento disciplinario" en su contra, con el fin de aplicar "la sanción que corresponda".
En esa ocasión, la sala también anunció que la abogada sería suspendida "temporalmente del ejercicio profesional".
