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Las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, el desplazamiento de al menos 15 familias campesinas y los homicidios selectivos que se registraron a principios de año en Briceño, norte de Antioquia, generan preocupación entre las autoridades departamentales, previo al anuncio sobre el fin del conflicto con las Farc.
El director de Derechos Humanos de Antioquia, Jaime Fajardo Landaeta, advirtió que la incursión del Clan del Golfo a Briceño puede poner en riesgo el plan piloto de desminado humanitario que allí se adelanta. Además, la banda criminal también podría desestabilizar el plan de sustitución de cultivos ilícitos que comenzará este fin de semana en ese municipio, ya que el 30 por ciento de las plantaciones son controladas por esa organización criminal.
El mismo gobernador de Antioquia, Luis Pérez, reveló que el Clan Golfo ya controla el 30 por ciento de las once mil hectáreas de cultivos ilícitos de Briceño. El 70 por ciento restante sería administrado por el Frente 36 de las Farc.
Sumado a los problemas de inseguridad por la presencia de la banda criminal cerca a las zonas del desminado y cultivos ilícitos, el alcalde de Briceño, José Danilo Agudelo, denunció que el municipio ni siquiera tiene una carretera de acceso, por lo que criticó la implementación de proyectos de paz, sin que se solucionen los problemas para la movilidad de los ciudadanos.
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