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El coordinador del Gobierno en la Mesa de Paz con el Estado Mayor de las Farc, Camilo González Posso, aseguró que la crisis originada tras el secuestro a soldados en el Guaviare por parte de la Guardia Indígena, debe resolverse por la vía del diálogo y no con una solución militar.
Las declaraciones de González se dan luego de que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtiera que se levantaría el cese el fuego bilateral con ese grupo guerrillero al considerar que está detrás del secuestro de 60 soldados que permanecen retenidos.
En un documento de nueve puntos titulado "mas prisa para la paz que argumentos para la guerra", el coordinador señaló que lo ocurrido en el Guaviare con la retención de los militares, "vuelve a debatirse si la retención, bloqueo, asonada o “cerco” por parte de civiles desarmados, parte de ellos identificados como Guardias Campesinas, es de responsabilidad del grupo armado, o si hay al tiempo intereses propios de esas comunidades que llevan a ese tipo de acciones".
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El vocero indicó que cualquiera que sea el caso, "los hechos no pueden catalogarse como parte de una confrontación armada y menos considerar a los campesinos involucrados como guerrilleros o parte de la organización ilegal".
Camilo González Posso reconoció que las veredas Chuapal, Bocas de Caño Cabra y otras vecinas al municipio de San José del Guaviare, "son parte clave del área de presencia del Frente 40 que comanda Hermes Tovar 'El Boyaco', uno de los jefes del Bloque Jorge Briceño que fue detenido el 23 de julio en la caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transitaba desde Tibú hacia Bogotá", con el cual se adelanta el proceso de diálogo.
El funcionario acotó que en la mesa de conversaciones con las disidencias "el Gobierno ha dejado claro para todas las mesas de dialogo político que de manera alguna las autoridades del Estado y la Fuerza Pública pueden dejar de actuar, en todo el territorio nacional, en defensa de la población ante cualquier acción delictiva establecida en el Código Penal, sustentada en la Constitución y la Ley.
Subrayó que "la delegación del Gobierno ha condenado la utilización de la población para presionar el retiro de la Fuerza pública de algún centro poblado o región y ha exigido la proscripción de esas prácticas que ponen en riesgo a la población y el orden público."
Indicó que en las zonas de mayor influencia de las disidencias "hay por lo menos 10.000 guardias con diversos grados de subordinación o cooptación".
González Posso propuso que para evitar hechos como el ocurrido en el Guaviare, se deben instalar efectivamente las instancias regionales y locales de verificación, para lo cual falta que el presidente firme las resoluciones pertinentes y la Fiscal haga lo propio en tiempo breve.
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Finalmente, conminó al bloque Jorge Briceño para que desactive la campaña masiva de extorsión que inició en julio en San José del Guaviare y en municipios del Sur del Meta, además de avanzar en los planes de georreferenciación y aplicación de protocolos de comunicación y prevención de choques en medio del cese al fuego.
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