Ruta escolar
Los padres de familia tuvieron que pagar entre 20 y 30 mil pesos por el transporte escolar para niños de veredas-
Foto: Archivo Colprensa
9 Oct 2018 10:47 AM

Así fue como alcalde cobró a campesinos transporte escolar que era gratuito

El alcalde de Sotaquirá (Boyacá), Luis Felipe Higuera Robles, a través de tiqueteras cobraba el transporte escolar en el municipio.
Jenny
Rocio Angarita
@jennyr2207

El juez primero penal municipal con control de garantías de Tunja, dictó medida de aseguramiento con detención preventiva de la libertad en establecimiento carcelario, contra el alcalde de Sotaquirá (Boyacá), Luis Felipe Higuera Robles. 

Por implementar un cobro ilegal del transporte escolar en el municipio a través de tiqueteras, la Fiscalía General de la Nación le imputó seis delitos al alcalde de Sotaquirá, Luis Felipe Higuera Robles.

Durante la audiencia que duró cuatro días, la Fiscalía reveló que por medio de planillas, recibos y documentos avalados directamente por el despacho del alcalde, se cobró entre el 2016 y 2018 a los padres de familia entre 20 y 30 mil pesos para pagar el transporte escolar de los niños, niñas y adolescentes que desde las veredas acudían al casco urbano a estudiar.  

El Director Seccional de Fiscalías, Javier Díaz Villabona reveló que la conducta irregular ocurrió desde el primer año de su gobierno.

Se cobró a padres de familia por servicios de transporte escolar y estaba cubierto por otro rubro”, dijo en RCN Radio el director Seccional de Fiscalías.

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En desarrollo de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el fiscal explicó cómo se utilizaron varias tiqueteras para exigir el pago a los padres de familia que en su mayoría, son campesinos que viven del sector agrícola del municipio.

Por lo mismo, se le imputaron los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción, por omisión, contrato sin el lleno de los requisitos legales, ocultamiento o destrucción de elementos probatorios, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.

El almacenista Iván Adolfo Pérez informó a la Fiscalía que para la expedición de las tiqueteras no se firmó un contrato, por lo que se utilizaban planillas de manera informal.

Además el almacenista agregó que varios funcionarios de la administración tenían conocimiento de los cobros que debían hacerse a los padres de familia.

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Durante la audiencia se explicó cómo se pretendió legalizar los pagos del transporte escolar. “El secretario de Gobierno, Rodrigo Javier Garavito fue quien le pidió que las tiqueteras del transporte escolar fueran remitidas directamente a la tesorería de la alcaldía, específicamente a Luz Fonseca con un formato del almacén”, dijo el fiscal.

Según el ente acusador, el alcalde Higuera tuvo conocimiento de la expedición de las tiqueteras y encomendó a varios empleados del palacio municipal que respaldaran la actividad que de acuerdo con la ley, es ilícita.

También se conoció durante la primera parte de la audiencia que el dueño del establecimiento que creó las tiqueteras, para el transporte escolar de 2016 y 2017, recibió el pago en efectivo puesto, que no hubo contrato formal, solo de palabra.

Nueve investigaciones adicionales tiene la Fiscalía contra el alcalde de Sotaquirá

Expedición de contratos sin el lleno de los requisitos establecidos en la ley al igual que, el manejo aparentemente irregular de los recursos del municipio, generaron nueve procesos en contra de Higuera.

“Aparecen nueve investigaciones que está adelantando al señor Luis Felipe Higuera Robles y todas están en la Unidad de delitos contra la administración pública de Tunja”, explicó el representante del ente judicial.

A Higuera Robles lo investigan por aparentes faltas en los contratos de construcción de una cancha de fútbol, ubicada en el casco urbano de la localidad al igual que con los excesivos gastos para la celebración de los días de la mujer y de la madre.

También es investigado por la construcción al parecer ilegal de un parque deportivo que no tenía licencia, ni estudios técnicos vigentes.

La Fiscalía tiene además un proceso en su contra por el delito de prevaricato por acción por haber despedido a cuatro empleados de la alcaldía, sin justificación aparente.
 

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Fuente
Sistema Integrado de Información