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En documentos oficiales del Inpec, que le fueron entregados al representante a la Cámara, Hernán Cadavid, se confirmaría que la senadora Isabel Cristina Zuleta, encargada de pedir el traslado de nueve cabecillas de los grupos armados de la cárcel de Itagüí a la Plazoleta de La Alpujarra, no estaría facultada para dicha función que, además, obligó al despliegue de recursos del Estado y lo más preocupante, es que no sería la primera vez que esto ocurre.
Para el representante del Centro Democrático, “lo más grave: de acuerdo a la resolución que designó a Zuleta como delegada para la mesa de Itagüí, la resolución 452 de 2024, nunca la autoriza para excarcelar a personas condenadas. Función exclusiva de un juez de la República”.
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Señalamiento, que es fundamentado, al referenciar la mencionada resolución: “La Coordinadora está facultada para realizar todos los actos necesarios y tendientes a entablar conversaciones sociojurídicas con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá que demuestren voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos que establece la Ley y construir paz en los territorios”.
De acuerdo con el Inpec, para el traslado de los nueve privados de la libertad, fue necesario el despliegue de 29 funcionarios del cuerpo de custodia del Instituto y para el transporte se utilizaron seis vehículos oficiales del Inpec, adscritos al Grupo de Operaciones Especiales de la Regional Noroeste de Medellín. “Todo el aparato del Estado puesto al servicio del desafío petrista a Medellín y Antioquia”, aseguró Cadavid en su cuenta de X.
Sin embargo, el congresista advirtió que “el de La Alpujarra no ha sido el único acto donde pasean a los miembros de estructuras criminales. Hay antecedentes e igualmente logrados de manera irregular”, tal y como lo confirmó el propio Instituto Nacional Penitenciario, quien el 8 de febrero de 2025, recibió una solicitud de la propia senadora Isabel Cristina Zuleta, en la cual, se pidió el traslado de un grupo de personas privadas de la libertad, pertenecientes a las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá.
Lo anterior con el argumento que participarían, el 13 de febrero, en un acto público organizado por el Gobierno Nacional, en el Teatro Camilo Torres Restrepo de la Universidad de Antioquia, en la ciudad de Medellín.
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“Mientras Gustavo Petro y sus agentes políticos llevan a los cabecillas de estructura criminal a eventos políticos...Lo cierto es que el gobierno NO tiene, no adelantó, no logró marco jurídico para darle solución a esas estructuras ¡También a ellos les quedaron mal!”, sentenció el representante Hernán Cadavid, tras revelar las respuestas del Inpec.
