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Para Acemi, el presupuesto nacional hoy vigente para el 2017 (Ley 1769 de 2016) se aprobó con un hueco que el Ministerio de Hacienda dijo, se llenaba con los mayores ingresos que se esperan de la tributaria. Al disminuir el recaudo esperado es incierto si la Nación tiene la capacidad de aportar los recursos necesarios para cerrar la financiación del sector en el 2017.
Adicionalmente, argumentan que en la reforma tributaria se esperaba dos medidas adicionales para apoyar la solución a la crisis financiera del sector y enfrentar el reto que implica la garantía de cumplimiento del derecho a la salud que le impuso la Ley Estatutaria: la creación del impuesto al consumo de bebidas azucaradas y la garantía de los aportes del presupuesto nacional.
Por otro lado, sostienen que la propuesta del Gobierno de crear el impuesto a las bebidas azucaradas pretendía contribuir a la sostenibilidad del sistema en tanto buscaba generar recursos financieros frescos y reducir los gastos al controlar el consumo de azúcar responsable de varias enfermedades de alta prevalencia como la hipertensión y la diabetes, entre otras que se pueden estimar en casi un billón de pesos al año. La sanidad financiera del sector salud estaba cifrada en la reforma tributaria que acaba de aprobar el Congreso de la República.
Acemi concluye diciendo que la responsabilidad de la crisis de insostenibilidad del sistema de salud no es del Congreso sino de todas las ramas del poder público, y de la misma sociedad que no ha logrado legitimar un límite racional en el gasto público del sector.
