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La Sala Plena de la Corte Constitucional revisará la tutela interpuesta por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el marco del proceso que se adelantó por su revocatoria.
La ponencia está en manos de la magistrada Gloria Ortiz, luego de que ese tribunal aceptara el impedimento del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien antes de ser elegido magistrado de la Corte Constitucional sostuvo una conversación informal con el alcalde en donde hablaron de la revocatoria en curso.
El abogado Humberto Sierra, quién defiende los intereses del alcalde en el proceso de esa tutela, explicó que buscan proteger los derechos fundamentales y que no se tome cualquier argumento para evitar que avance su administración de la ciudad.
“Nosotros pedimos a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre los motivos que llevan a una revocatoria de mandato, es decir, si es por simple inconformidad de los ciudadanos o cuando el Alcalde ha desconocido sus promesas contenidas en el plan de gobierno”, dijo el abogado.
La tutela alega una supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, a ser elegido y al derecho a la “representación efectiva de los 903.764 bogotanos que respaldaron su elección”.
Puntualmente, la supuesta vulneración de derechos se dio al parecer por parte del CNE, al haber omitido las reglas “para promover la revocatoria de mandato de los alcaldes”.
Además, sostiene que la Registraduría había incurrido en irregularidades al permitir “la inscripción de tres campañas que tienen como finalidad revocar su mandato”.
Al trámite de tutela fueron vinculados como parte del proceso la Registraduría Nacional del Estado Civil, los Registradores Distritales del Estado Civil, la Procuraduría General de La Nación y el Concejo de Bogotá.
