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Una de las principales iniciativas del Distrito es la recuperación del espacio público, para lo cual se han desarrollado diferentes operativos con el fin de desalojar vendedores ambulantes en importantes lugares comerciales de la ciudad.
A propósito de esto, este martes se llevó a cabo un debate en el Concejo de Bogotá, en el que la personera de la ciudad, Carmen Teresa Castañeda, presentó un informe en el señala diferentes irregularidades y deficiencias en el tratamiento que la administración está dando a esta situación.
Según Castañeda no existe una política publica por parte del Distrito para atender esta población. Aseguró que el Instituto para la Economía Social (Ipes) no cuenta con la capacidad para atender a los vendedores informales que fueron desalojados y que en este momento se encuentran sin empleo.
"La entidad no cuenta con la capacidad económica y administrativa para la atender sus necesidades, la oferta institucional sigue siendo insuficiente", aseguró la funcionaria.
La personera indicó que 16,9% de los vendedores informales se encuentran en un índice de alta vulnerabilidad, 24,8% vulnerabilidad media y 58,3% en baja vulnerabilidad. Pese a esto, un porcentaje muy alto de vendedores ambulantes no accede a la oferta institucional con la que se pretende que ingresen a la economía formal.
"No hay cifras exactas, no tenemos un censo caracterizando a los vendedores informales dando un enfoque diferencial. De los 81.597 vendedores identificados por Ipes el 93,4% nunca ha recibido oferta institucional", insistió.
En el mismo sentido, alertó que en los operativos no hubo presencia del Ministerio Público para garantizar el debido proceso y la no vulneración de los derechos de esta población.Ante esta problemática, la Personería pidió que se habiliten espacios de participación en los que los vendedores informales puedan manifestar sus necesidades, y así la administración se organice presupuestalmente.
