Palacio de Justicia: Familiares dicen que 'encontramos cuerpos, pero no la verdad'

 

Después de 30 años de incertidumbre, la Fiscalía General de la Nación anunció, tras la primicia de LA F.m., que en los últimos días identificó los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés y Lucy Amparo Oviedo, empleadas de la cafetería del edificio, y Luz Mary Portela León, visitante ocasional que debía reunirse con un magistrado.

 

Los huesos de Guarín y Portela se encontraban en fosas comunes de dos cementerios de Bogotá, mientras que los de Oviedo reposaban en "dos cajas que se mantenían embaladas en la Fiscalía", según reveló el fiscal general Eduardo Montealegre, en rueda de prensa.

 

En los violentos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) tomó el Palacio de Justicia de Bogotá en 1985 y el Ejército incursionó con tanques de guerra para recuperarlo, murieron un centenar de personas, entre ellas, una decena de magistrados. Del paradero de otras 11, los familiares nunca volvieron a saber nada. 

 

Frente a la sede del instituto forense de Medicina Legal y tras reconocer fragmentos de ropa y huesos calcinados, los familiares recibieron la noticia con más preguntas que respuestas. "Es un gran logro haber encontrado los restos pero también un sinsabor por esa verdad que hace falta", dijo a la AFP Rosa Cárdenas León, media hermana de Portela, vestida de blanco y con una foto de la mujer que desapareció cuando ella tenía seis años.

 

El edificio donde su hermana lavaba platos quedó en ruinas por el incendio desatado por los disparos de los blindados que ingresaron. "Hoy encontramos su cuerpo pero no encontramos la verdad. Ella salió viva del Palacio de Justicia y me la entregan muerta, calcinada y enterrada equivocadamente. Eso me lo debe contestar el Estado colombiano", insistió Cárdenas.

 

En diciembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que el Estado colombiano empleó "un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19".

 

La Corte IDH responsabilizó al Estado colombiano por la desaparición de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, la desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, la detención ilegal y tortura de cuatro sospechosos de colaborar con el M-19, y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos.

 

 

En estos 30 años, los familiares han sido blanco de sucesivas amenazas de muerte y el primer abogado que se encargó de su caso, Eduardo Umaña Mendoza, fue asesinado en 1998. Siguen denunciando intentos de entorpecer las investigaciones. "Las interferencias de la fuerza pública al proceso de investigación ameritan con urgencia que Naciones Unidas y los expertos internacionales inicien una veeduría internacional", afirmó a la AFP el abogado de las víctimas, Jorge Molano.

 

En la petición coincidió René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín Cortés, una de las identificadas. "Pedimos veeduría internacional porque el Estado, en este caso, fue juez y parte de los crímenes", aseveró este hombre, que tenía 22 años cuando perdió a su hermana y se exilió en Francia y Uruguay tras recibir intimidaciones al buscarla.

 

Por casos de desaparecidos en el Palacio de Justicia, varios uniformados, como el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, que lideraron la ofensiva, han sido condenados en Colombia. El extinto M-19, al que perteneció el actual alcalde de la capital, Gustavo Petro, firmó la paz en 1990.

 

En el país, aún están activos dos grupos insurgentes: las Farc, con unos 7.000 combatientes según cifras oficiales y con quien el gobierno de Juan Manuel Santos sostiene un proceso de paz; y el Eln, con unos 2.500 integrantes. En el marco de las negociaciones de paz, las partes llegaron el sábado a un acuerdo para buscar a los desaparecidos durante un conflicto armado de más de 50 años.