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La Procuraduría General de la Nación, abrió una indagación previa contra varios funcionarios que aún están por determinar de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, por detectarse presuntamente irregularidades en un contrato, cuyo objetivo es la instalación de cámaras de videovigilancia tipo LPR para el Distrito.
El órgano de control indicó que hasta la fecha, solo se han instalado el 25% de las cámaras sujetas a dicho contrato (SCJ-1904-2023), convenio que oscila en más de 14.000 millones de pesos y que fue suscrito por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.
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Según la entidad, a la fecha, tan solo se reporta el avance físico del 68,5 %, con una ejecución presupuestal del 50 %, pero de las 200 cámaras contratadas, solo se han instalado 50 del componente principal del proyecto en mención.
Por otro lado, el Ministerio Público también destacó que dicho contrato en cuestión registra graves falencias en sus faces de planeación, ejecución y supervisión, lo que manifiesta desfases entre avances físicos reportados y el uso los recursos para la instalación, así como también una aparente gestión "inoperante" que podría significar pérdida de recursos públicos según la Procuraduría General de la Nación.
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Entre los aspectos que motivaron dicha investigación disciplinaria se encuentran la planeación deficiente y fallas técnicas no previstas, tres prórrogas y tres suspensiones sin soporte presupuestar, además controversias contractuales por más de $2.000 millones, sustitución de la interventoría, por supervisión interna de la misma secretaría, sin respaldo técnico.
Entre tanto, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la práctica de pruebas para determinar si los hechos constituyen faltas disciplinarias y establecer las responsabilidades del caso.
La Procuraduría General reiteró "su compromiso con el control preventivo y disciplinario, en la transparencia de la ejecución de los recursos públicos destinados a la seguridad ciudadana".
