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La Policía Nacional, la Sijin, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Investigativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), llevaron a cabo más de ocho allanamientos en diferentes cárceles del país y en otros lugares clave de Bogotá. Estos operativos dejaron como resultado la captura de 15 personas dedicadas a la comercialización irregular de productos dentro de los penales.
RCN Radio conoció que un grupo de inteligencia del Inpec, en conjunto con la Fiscalía, identificó en febrero de 2025 diversas situaciones irregulares en la cárcel La Picota de Bogotá, por lo que se iniciaron investigaciones exhaustivas.
Como respuesta se creó la "Operación Dominó", cuyo objetivo fue combatir la corrupción y la extorsión en contra de los detenidos más peligrosos y de los miembros de la guardia. Sin embargo, debido a que las medidas no fueron suficientes, se desarrolló la fase dos: "Operación Rancho Picota", especializada en enfrentar la criminalidad de los funcionarios.
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Según la investigación, los siete dragoneantes capturados establecieron alianzas con privados de la libertad, a quienes no solo vendían productos autorizados, sino que también les permitían consumir e ingresar elementos prohibidos, como licor y drogas.
Los funcionarios detenidos integraban esa red con varios de sus familiares, de los cuales ocho fueron detenidos por las mismas prácticas ilegales.
El 'modus operandi' de los guardias consistía en cobrar a los internos por permitirles el acceso de todo tipo de objetos y elementos (legales e ilegales), que se distribuían a través de un pequeño puesto de alimentos conocido como "el expendio", que se utilizaba realmente para comercializar elementos ilegales.
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Se estima que las ganancias de esta red criminal oscilaban entre 20 y 30 millones de pesos mensuales, obtenidos a través de plataformas de pago digital como Nequi y Daviplata.
Además, se estableció que la banda criminal delinquió durante más de dos años, logrando ganancias superiores a 1.200 millones de pesos.
Los implicados fueron presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y concusión.
