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El Instituto para la Economía Social (IPES) explicó qué aspectos del nuevo modelo de organización para vendedores informales en Bogotá implicarán cobros y cuáles no. El director de la entidad, Wilfredo Grajales, señaló que el uso del espacio público no se cobrará.
“El espacio público no se va a cobrar, según lo que determina el protocolo. Se va a cobrar el uso de los mobiliarios, de los bienes públicos que el IPES maneja en las plazas de mercado, en los puntos comerciales, los kioscos, el mobiliario semiestacionario, los puntos de encuentro, que son lugares, vamos a decirlo para que la gente lo entienda, algunas casetas”, aseguró Grajales.
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La entidad añadió que la prioridad es dignificar el trabajo informal. Sin embargo, sí habrá cobros asociados al uso de ciertos mobiliarios urbanos administrados por el IPES, que se encuentran ubicados en plazas de mercado y zonas comerciales específicas.
Al contar con servicios de vigilancia, aseo y mantenimiento, esos espacios tendrán una tarifa asociada a su uso.
“Va a haber algo de cobro, sobre todo por los temas que tienen que ver con la seguridad, la vigilancia que hay que poner ahí, los temas de aseo que deben contemplarse en estos ejercicios”, explicó.
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En cuanto a las ferias, donde se usan carpas temporales, el cobro dependerá del caso particular y de variables como la ubicación, los días de operación y los servicios logísticos requeridos.
El proceso de implementación del nuevo protocolo de organización de uso del espacio público será gradual y dividido en fases. La primera etapa, que ya inició, es de socialización y pedagogía, donde se busca informar a los vendedores sobre las nuevas reglas y orientarlos hacia modalidades más organizadas.
Posteriormente, se asignarán espacios adecuados y se definirán transiciones hacia estructuras más formales.
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Aunque el enfoque es pedagógico, el protocolo también contempla sanciones para quienes no acaten las normas. Estas pueden ir desde llamados de atención hasta la pérdida de la autorización temporal para ocupar espacio público, en casos de incumplimiento reiterado.
La entidad concluyó que el objetivo no es reprimir ni desalojar, sino ordenar el uso del espacio público sin imponer cargas económicas indebidas a quienes dependen de él para subsistir.
