“Cuide a los jóvenes”: llamado del MinEducación al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por la Universidad Pedagógica

Tras denuncias por amenazas y presencia de hombres armados, autoridades nacionales activaron solicitudes de protección para la universidad.
Disturbios Universidad Pedagógica.
Disturbios en la Universidad Pedagógica de Bogotá. Crédito: La FM | Jheison Quinvar.

El ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas, solicitó a las autoridades nacionales y distritales adoptar medidas inmediatas para proteger a la Universidad Pedagógica Nacional y a su rector, Helberth Choachí González, luego de una serie de hechos relacionados con denuncias de amenazas y situaciones de seguridad al interior del campus universitario.

Según lo expuesto por el jefe de la cartera de Educación, el rector de la institución manifestó públicamente temer por su vida.

El Consejo Académico de la universidad decidió cerrar las instalaciones de la sede de la calle 72 el pasado viernes, tras confirmar la presencia de personas armadas ajenas a la comunidad universitaria dentro del campus.

El ministro Rojas aseguró que la situación se produce en medio de una cadena de acontecimientos que, según indicó, debe ser detenida para evitar consecuencias mayores.

En ese contexto, señaló que durante las últimas semanas el secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, ha realizado declaraciones públicas sobre la universidad, relacionándola con supuestos escenarios de planeación de actos de violencia urbana.

Referencias a antecedentes de violencia contra universidades

De acuerdo con el pronunciamiento del ministro de Educación, el funcionario distrital habría sostenido que personas externas a la academia estarían utilizando a jóvenes universitarios para hechos violentos.

Aunque, también, habría reconocido no contar con pruebas documentales sobre esos supuestos planes. Además, cuestionó que no existiera interlocución directa con el rector de la universidad.

El ministro hizo referencia a antecedentes históricos relacionados con violencia y estigmatización contra universidades públicas en Colombia. Citó el Caso 52 del Informe Final de la Comisión de la Verdad, el cual documentó hechos de violencia contra comunidades universitarias entre 1962 y 2011.

Según explicó, ese informe registró el asesinato de al menos 588 estudiantes universitarios en medio de contextos de estigmatización hacia instituciones de educación superior públicas. También recordó que la Unidad para las Víctimas reconoció como sujetos colectivos de reparación a las universidades de Córdoba, Atlántico y Popular del Cesar por los daños ocasionados en ese contexto.

El ministro señaló además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido en varias oportunidades sobre la responsabilidad del Estado frente a discursos estigmatizantes emitidos por servidores públicos.

En ese sentido, afirmó que los hechos recientes en Bogotá reproducen patrones que anteriormente derivaron en episodios de violencia contra comunidades universitarias.

Dentro de la comunicación también se destacó la trayectoria de la Universidad Pedagógica Nacional, institución que, según el ministro, lleva más de siete décadas dedicada a la formación de docentes en el país.

Frente a la situación actual, se indicó que el cierre temporal de las instalaciones y las denuncias de amenazas contra el rector obligan a las autoridades a actuar de manera inmediata.

Solicitudes al Distrito y al Gobierno Nacional

En el documento, el ministro le pidió al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, una rectificación pública frente a las afirmaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Seguridad sobre la comunidad universitaria.

Además, solicitó la implementación de un perímetro civil de protección alrededor de las sedes de la Universidad Pedagógica Nacional.

Al Ministerio del Interior, encabezado por Armando Benedetti, le pidió activar de manera inmediata la ruta de protección colectiva y coordinar con la Unidad Nacional de Protección el fortalecimiento del esquema de seguridad del rector Helberth Choachí González.

El ministro de Educación también informó que trasladó la situación a diferentes entidades nacionales e internacionales.

Entre ellas, la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de instalar una mesa de garantías; la Procuraduría General de la Nación, para evaluar posibles investigaciones disciplinarias y medidas cautelares; y la Fiscalía General de la Nación, como parte de una denuncia formal para el inicio de una investigación penal.

Asimismo, se indicó que la situación de la Universidad Pedagógica Nacional y de su rector será puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en medio de las alertas planteadas por el Gobierno Nacional sobre los riesgos de seguridad denunciados por la institución educativa.

Claves de este tema, en cuatro preguntas:

¿Por qué el ministro de Educación pidió protección para la Universidad Pedagógica?

El ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, solicitó medidas urgentes de protección para la Universidad Pedagógica Nacional y su rector tras denuncias de amenazas, la presencia de personas armadas dentro del campus y el cierre de la sede de la calle 72 por razones de seguridad.

¿Qué le pidió el ministro de Educación a Carlos Fernando Galán por el caso de la Pedagógica?

El ministro de Educación pidió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón, rectificar declaraciones de la Secretaría de Seguridad sobre la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional y adoptar medidas de protección para las sedes universitarias en la capital.

¿Qué denunció el rector de la Universidad Pedagógica Nacional?

El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Augusto Choachí González, denunció públicamente que teme por su vida, en medio de una situación de seguridad que llevó al cierre temporal del campus principal de la institución en Bogotá.

¿Qué entidades fueron notificadas por el Gobierno sobre la situación en la U. Pedagógica?

El Ministerio de Educación informó que la situación de la Universidad Pedagógica Nacional fue puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Fiscalía General y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para activar medidas de protección e investigaciones sobre las denuncias conocidas.


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