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La Dirección Territorial de Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras radicó cuatro demandas judiciales para pedir la devolución de más de 52.434 hectáreas de territorio ancestral que pertenecerían a comunidades indígenas y afrodescendientes del Urabá antioqueño.
Las demandas beneficiarán a 2.238 personas, agrupadas en 678 familias, quienes pertenecen a los resguardos indígenas Río Alto San Juan y Mamey de Dipurdú; y a los consejos comunitarios de La Nueva y Bocas del Atrato y Leoncito, ubicados en los municipios de Turbo y San Pedro de Urabá (Antioquia), así como en Carmen del Darién y Riosucio, Chocó.
Con este proceso buscan restablecer los derechos de estas comunidades que han sido víctimas del conflicto armado: han sufrido secuestros y asesinatos de líderes, desplazamiento forzado, despojo de tierras, confinamiento y abandono de sus territorios debido a la violencia de grupos armados ilegales.
Uno de los casos más emblemáticos es el del Consejo Comunitario Bocas del Atrato y Leoncito, en Turbo, que lucha por recuperar la autonomía de 34.618 hectáreas para garantizar la protección de sus manglares y el medio ambiente.
El representante legal Patrocinio Cuesta manifestó que “en el conflicto armado sucedieron tantas cosas y los impactos para el territorio fueron sociales, culturales y ambientales; tanto que no se podía realizar la pesca artesanal y se perdieron algunas especies maderables de la zona. Por ello es clave que el Estado pueda evidenciar lo que aquí sucedió”.
Por su parte, el Consejo Comunitario La Nueva, en Riosucio (Chocó), 250 familias esperan la restitución de 15.685 hectáreas. Los resguardos indígenas Mamey de Dipurdú, que reúne a 27 familias, y Río Alto San Juan, que cuenta con 368 familias, buscan la devolución de 205 y 164 hectáreas, respectivamente.
José Alberto Kunzell, director territorial de la URT en Apartadó, afirmó que estos logros son el resultado de un trabajo comprometido en el territorio. “Nos alegra ver los frutos de la labor realizada en favor de las comunidades negras e indígenas", afirmó.
"Este sin duda es un paso importante para devolverle la dignidad y la garantía de derechos a las víctimas en las zonas más vulnerables de nuestro país. Hemos demostrado que la restitución sí se puede hacer en Urabá y que las víctimas y la tierra son una prioridad para este Gobierno”, sostuvo.
Cabe resaltar que a diciembre de 2025, la dirección ha obtenido cuatro sentencias de restitución que cubren más de 7.000 hectáreas a favor de los resguardos Cuti, Eyákera, Arquía y Tanela.
Actualmente, tienen en trámite 46 demandas más de comunidades étnicas ante los jueces y magistrados de tierras de la región.
