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Luego del rifirrafe protagonizado por el alcalde William Dau y varios miembros del Concejo de Cartagena, algunas voces han pedido que cesen los enfrentamientos verbales entre los servidores públicos.
Desde la Fundación Cívica Pro Cartagena (Funcicar), su directora Ejecutiva, Carolina Calderón, afirmó que este tipo de situaciones es lo que menos necesita la ciudad y más, en medio de la coyuntura generada por el coronavirus.
"La gobernabilidad en Cartagena no puede seguir siendo determinada entre la relación de tensión que existe entre la Alcaldía y el Concejo Distrital", dijo Calderón.
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Además, manifestó que "comprendemos la recriminación de parte y parte, pero para ello existen buenas prácticas y mecanismos institucionales que permitirían una adecuada gestión del conflicto".
"Estos ataques mutuos nos muestran una ruptura y desgaste que pueden afectar la transparencia y el acceso a la información. Además, opacan la movilidad institucional y es esfuerzo de muchos funcionarios para prevenir y contener esta pandemia", acotó.
Ese mismo concepto es compartido por el líder comunal, José Altamar, presidente de las Juntas de Acción Comunal de Distrito de Cartagena, quien indicó que en el marco de la atención de esta emergencia sanitaria, lo que debería haber son esfuerzos articulados entre la Alcaldía y el Concejo.
"Es triste, lamentable, vergonzoso lo que ha sucedido. Creo que ahoga aún más la esperanza de un pueblo que hoy está confinado y que espera atención, donde esa atención debe venir tanto de la Alcaldía pero también del Concejo, porque es el Concejo el que debe brindarle las herramientas al Alcalde para que éste tenga los recursos necesarios para suplir esta necesidad", afirmó.
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Por su parte, el veedor Héctor Pérez, presidente de la Veeduría Popular por Cartagena, manifestó que ante las relaciones conflictivas entre la Administración y el Concejo Distrital, llegó el momento de que se establezca una instancia que medie y que permita garantizar el adecuado manejo de lo público y más en esta circunstancias que ha generado la COVID-19.
"En estos momentos de crisis no son convenientes estos enfrentamientos y en verdad se hace necesario que haya una reunión de alto nivel, en donde las partes, si no están en capacidad de convocarla, se hace indispensable que terceras personas que representen a todas las fuerzas vivas de la ciudad, intervengan como mediadores en esta situación, porque aquí está en juego la salud y vida de la gran mayoría de los cartageneros", explicó.
Para el politólogo Luis Torres, la posibles sanciones disciplinarias que pueda acarrear este enfrentamiento entre el Alcalde Dau y el Concejo, depende de las denuncias respectivas que se hayan presentado ante los organismos de control, advirtiendo que pensar en ese escenario no es lo más conveniente para la ciudad.
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"Si se llegase a abrir un proceso disciplinario, el mandatario local tendrá los argumentos para defenderse, pero a la ciudad para nada le sirve una sanción disciplinaria y más para el mandatario, porque ya aquí conocemos que cuando se encarga a alguien para alcalde, el compromiso de esa persona es para quien lo encarga y no quien eligió al alcalde", apuntó.
Por su parte, el abogado especialista en derecho administrativo, Alcides Arrieta, consideró que hay responsabilidades entre las partes involucradas en el enfrentamiento, por lo que no descarta que el conflicto dé pie a una intervención por parte de la Procuraduría General de la Nación.
"Aquí hay una conducta típica, a titulo del delito de injuria, y esa ofensa podría convertir la falta en gravísima y la sanción podría ser de destitución o inhabilidad general. No obstante, esa decisión le corresponde al organismo de control", puntualizó.
