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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), abrió investigación a 274 empresas y personas naturales comerciantes del sector agroquímico, por presuntamente omitir el reporte de precios de comercialización de insumos agrícolas solicitado por el Gobierno para controlar y evitar la especulación de precios en medio de la emergencia sanitaria.
Según reportó el organismo, esta decisión se tomó tras recibir una denuncia de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura, “respecto del presunto incumplimiento de la obligación de reportar los precios de comercialización de agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas químicos de uso agrícola, medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso pecuario, nacionales o importados)”.
Las comercializadoras investigadas están ubicadas principalmente en Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca, así como en la ciudad de Bogotá.
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El organismo advirtió que en caso de que estas comercializadoras se encuentren responsables, podrían pagar sanciones hasta de dos mil salarios mínimos legales vigentes.
Es de mencionar que el pasado 30 de marzo, el Gobierno expidió el decreto 417, para someter al régimen de libertad vigilada, los productos claves utilizados para la producción agropecuaria en el territorio nacional.
Según el decreto, expedido por el Ministerio de Agricultura,la medida cobija a fertilizantes, plaguicidas, medicamentos veterinarios, productos biológicos de uso pecuario y alimentos para animales.
El decreto también determina hacer seguimiento a los precios en el mercado y evitar la especulación durante la emergencia sanitaria generada por el coronavirus.
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Los productores e importadores deberán reportar la información totalizada a nivel nacional.
“El resto de los eslabones de la cadena deberán reportar la información para cada uno de los municipios o ciudades en donde se encuentran ubicadas sus sucursales, almacenes o puntos de venta en el territorio nacional”, añade el decreto.
