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En los últimos días la plenaria de la Cámara de Representantes le dio el visto bueno en segundo debate a la reforma rural y agraria del gobierno de Petro con 122 votos por el sí y 1 por el no. La iniciativa busca crear una Corte Agraria para dirimir conflictos de tenencia de tierra en Colombia.
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“Considero que aprobar este proyecto es un paso muy importante para construir un país mejor, nos hacen falta muchas cosas pero dentro de eso una jurisdicción agraria es una necesidad histórica que está recogida en el acuerdo de paz”, señaló el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Sin embargo, para el ciudadano de a pie no queda claro cómo funcionará esta reforma ni cómo lo afectará en su cotidianidad y para los campesinos. Por eso, el medio universitario, Pesquisa Javeriana, habló con Juan Felipe García, director y profesor del Departamento de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana sobre la jurisdicción agraria y los retos que enfrentan este y otros programas del gobierno Petro para el campo colombiano.
¿Por qué es necesario que exista una jurisdicción agraria en el país?
Es un anhelo desde los años 30 del siglo XX, es decir, vamos a cumplir 100 años aspirando a esa jurisdicción. Frente a la tierra hay muchos conflictos y los resuelve el ejecutivo, esto ha hecho que el manejo esté muy ligado al gobierno de turno. En la historia del país, los gobiernos liberales avanzan con una perspectiva más progresista y garantista para los que no tienen tierra. En los gobiernos más conservadores se retrocede o incluso se detienen este tipo de procesos. Como hay un enorme vacío frente a los conflictos por la tierra, históricamente se han solucionado a machetazos y escopetazos. Si alguien quiere acudir a la vía judicial, solamente lo puede hacer ante la jurisdicción contencioso administrativa, —la que juzga las controversias originadas en la administración pública— que está totalmente congestionada.
¿Cuáles son esos conflictos que enfrenta la reforma agraria?
Hoy los conflictos ya no son tanto por propiedad, sino por uso. Aquí tenemos grupos de campesinas, campesinos y étnicos que históricamente han estado asentados y reclaman autonomía para definir qué hacer con el suelo. Yo creería que la jurisdicción que creemos podría ampliar el espectro de conflictos para que sean unos jueces especializados quienes resuelvan si hay una explotación adecuada de la función social, ecológica y un uso ambiental adecuado. Todo esto es parte de los debates que se vendrán en la discusión legislativa.
Hay mucha discusión sobre el acuerdo con Fedegan, ¿en qué consiste?
Durante los últimos cincuenta años, con unos incentivos desde la política pública para que hubiera ganadería extensiva, se acapararon algunas de las mejores tierras del país. Muchos de esos predios eran ocupados históricamente por campesinos, pero por distintas vías, se fueron despoblando las tierras más productivas agropecuariamente hablando. Se calcula que el ganado que existe podría estar en la mitad de las tierras que actualmente poseen. El nuevo gobierno hizo una negociación con Fedegan, para que las mejores tierras se pongan en el mercado y a disposición de la reforma agraria. Eso era lo que estaban pidiendo los campesinos desde hace mucho tiempo.
¿Cuáles son los desafíos de estas estrategias en el panorama grande de la reforma agraria?
El primero de todos, el financiero. El Estado necesita encontrar el dinero para comprar. ¿Cómo están las arcas del Estado? Sabemos, por los anuncios, que hay un ministro de hacienda que quiere mantener una regla fiscal muy estricta, controlar el gasto. Eso llevó a que la ministra de agricultura, Cecilia López, anunciara que quizás la meta de tres millones no es tan viable. En los cálculos se habla de que podrían invertir anualmente unos siete billones de pesos para lograr algo así como 500 000 hectáreas por cada año de gobierno. Un segundo desafío está relacionado con los estudios jurídicos de la procedencia de estos bienes. Parte de nuestras investigaciones muestran que algunos valles productivos de las mejores tierras fueron objeto muy deseado por capitales provenientes del narcotráfico. Las acapararon mediante compra o también con la acción de grupos paramilitares. El reto gigante es que las tierras que se van a entregar no permitan una operación de lavado de activos.
¿Esta estrategia es sostenible a mediano y largo plazo?
Las reformas agrarias exitosas a nivel mundial están muy ligadas a que se entregue a los campesinos espacios con los que tengan alguna vinculación cultural. Decirle a un campesino de las llanuras del Caribe, el Valle del río Sinú, del bajo Magdalena que hay tierras muy productivas en el Valle del Cauca —para que vaya— es muy complicado. Que las áreas rurales para hacer la reforma coincidan con un vínculo cultural, histórico, de presencia antropológica va a ser muy problemático.
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¿Qué tanto optimismo debería haber con estos anuncios de reforma agraria que ha hecho el nuevo Gobierno?
Creo que hay una voluntad política de parte de un gobierno que se ha presentado como progresista. El optimismo depende de que esto pase de ser una idea de país de un sector a que sea una idea de Estado, de nación. De eso depende el éxito. Se cree que, porque hay un gobierno que proyecta la paz, todos los otros gremios, y otros sectores están de acuerdo. Lo que pasó con el plebiscito, una sociedad civil totalmente fragmentada frente a la paz como proyecto de nación. Por eso el pacto con los ganaderos es tan importante y genera tanto optimismo, porque ese sector había sido el opositor acérrimo histórico a una reforma agraria como elemento central de la paz desde el frente nacional, desde la planteada por los presidentes Lleras. Pero no creo que a punta de solo voluntad de un gobierno progresista podamos construir el objetivo de la paz. Necesitamos tener un consenso nacional.
