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La discusión sobre la jurisdicción agraria volvió a la agenda pública tras las declaraciones del presidente de la SAC, Jorge Bedoya, en entrevista con La FM, donde advirtió que el proyecto en trámite plantea que decisiones sobre tierras pasen de los jueces a una entidad del Ejecutivo como la Agencia Nacional de Tierras.
Bedoya sostuvo que “el país necesita una jurisdicción agraria en la que sean los jueces de la república los que tomen las decisiones y no una entidad del Ejecutivo”, y cuestionó que el proyecto de ley en curso contemple trasladar funciones judiciales a una institución del Gobierno.
¿Por qué se cuestiona el proyecto de jurisdicción agraria?
Durante la entrevista, el dirigente explicó que, en su criterio, el planteamiento del Gobierno contradice principios del Estado de derecho. “Es muy exótico que un gobierno que dice defender el acuerdo de paz pretenda quitarle las funciones a los jueces”, afirmó, al referirse a la iniciativa que se debate en el Congreso.
Según Bedoya, el proyecto no configuraría una verdadera justicia agraria, sino que concentraría competencias en la Agencia Nacional de Tierras. “Es para la agencia de tierras”, dijo, y agregó que esta propuesta “desconoce ya cuatro sentencias de la Corte Constitucional”.
El presidente de la SAC también señaló que, en decisiones previas, el alto tribunal ha mantenido la intervención de los jueces en los procesos agrarios. “La Corte le dijo no señor, la fase judicial se respeta”, indicó al recordar un fallo relacionado con intentos del Gobierno de modificar estos procedimientos.
En la entrevista se mencionó además una columna publicada en el diario La República, en la que Bedoya advierte sobre posibles efectos del proyecto. Allí sostiene que la iniciativa podría representar “un atentado contra la seguridad jurídica y contra el acceso a la justicia”.
El dirigente reiteró que existe preocupación en distintos sectores. “Hay muchos congresistas que comparten esta preocupación”, aseguró, al tiempo que indicó que ya se han presentado propuestas para modificar el texto del proyecto en discusión.
¿En qué estado está el debate en el Congreso?
Bedoya afirmó que el trámite legislativo se encuentra en un momento decisivo. “Está muy caliente”, dijo, al explicar que el Gobierno busca acelerar la discusión para que el proyecto sea aprobado antes del 20 de junio.
De acuerdo con lo señalado en la entrevista, el Ejecutivo habría radicado un mensaje de insistencia para priorizar el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. “Lo incluyeron como único punto en el orden del día”, indicó.
El presidente de la SAC cuestionó esta estrategia y afirmó que podría afectar el proceso legislativo. “Se busca forzar a los congresistas a que sí o sí tienen que votar el proyecto de ley”, expresó durante la conversación.
También hizo un llamado a los legisladores, especialmente a quienes representan zonas rurales. “Lo que hoy está en juego no es nada más y nada menos que el legado del acuerdo de paz”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener las garantías judiciales.
En su intervención, Bedoya advirtió sobre el contenido de uno de los apartados del proyecto. “Que tengan cuidado con ese artículo noveno, que tiene un veneno terrible”, señaló, al referirse a una disposición que, según explicó, trasladaría funciones de los jueces a la entidad administrativa.
Para ilustrar su posición, comparó la situación con otros escenarios judiciales. “Es como si la Fiscalía investiga, juzga y toma la decisión, y usted no tiene un juez imparcial”, afirmó, en referencia al papel de la justicia.
Finalmente, reiteró su llamado a revisar el proyecto antes de su votación. “No se puede crear una jurisdicción agraria quitándole funciones a los jueces de la república”, concluyó en la entrevista.
Claves del tema
¿Qué propone el proyecto de jurisdicción agraria?
El proyecto plantea que algunas decisiones sobre tierras pasen de los jueces a la Agencia Nacional de Tierras, lo que, según lo expuesto, implicaría trasladar funciones judiciales a una entidad del Ejecutivo.
¿Por qué genera preocupación en distintos sectores?
La preocupación radica en que, de acuerdo con lo señalado, la iniciativa podría afectar la seguridad jurídica, limitar el acceso a la justicia y desconocer decisiones previas de la Corte Constitucional sobre el papel de los jueces en estos procesos.
¿Qué podría pasar con el proyecto en el Congreso?
El futuro del proyecto dependerá del desarrollo del debate en el Congreso y de las decisiones de los congresistas, en medio de un trámite que el Gobierno busca acelerar antes del 20 de junio, mientras algunos sectores piden modificaciones al texto.
