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La Procuraduría General de la Nación formuló algunas precisiones con ocasión de los procesos de consulta popular que se han utilizado para prohibir o restringir la realización de actividades extractivas de recursos naturales no renovables en algunas zonas del país.
En comunicación enviada al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, el Grupo Asesor en Minas, Hidrocarburos y Regalías efectuó algunas observaciones adicionales a lo ya expuesto en la carta enviada al registrador nacional del Estado Civil, cuya copia fue remitida en su momento a la señalada cartera.
En ese sentido, el órgano de control señaló que con ocasión del fuerte descenso de los precios internacionales del petróleo y la alta reducción de la producción interna por los bloqueos a las empresas explotadoras y productoras de crudo, la economía nacional han sufrido una baja sensible afectando, entre otros aspectos, el recaudo por concepto de regalías.
De llevarse a cabo las consultas populares para prohibir las mencionadas actividades extractivas el impacto en las finanzas públicas sería aún mayor y la reforma tributaria estructural que el gobierno Nacional adelanta “pasaría a ser una simple reforma más para tapar el grave hueco fiscal”.
Se advierte además que cada consulta popular que se quieran realizar con el propósito de aprobar o no alguna de las formas de la industria extractiva en sus territorios, demanda una significativa inversión de recursos públicos, como lo manifestó el propio registrador delegado en lo Electoral, quien señaló que para poner en marcha el mecanismo de participación ciudadana de la ciudad de Ibagué, se requirieron más de 540 millones de pesos.
A juicio del Ministerio Público, lo anterior incide directamente en los efectos preventivos y correctivos que se buscan con la actual reforma tributaria estructural.
Finalmente, el Grupo Asesor expresó su preocupación ante la posibilidad de que se generalicen las consultas populares en el país, pues más del 50% de los municipios cuentan con industrias mineras o petroleras, y “¿si estas decidieran convocar la consulta para decidir si aprueban o vetan la realización de la industria en sus territorios, ¿hasta donde se afectaría el presupuesto nacional?”.
