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Se conoció un contrato de carácter interadministrativo firmado entre la Gobernación de San Andrés y la empresa de servicios públicos de Sabaneta, por un valor de 1.550 millones de pesos, para adquirir el alumbrado navideño y poder decorar la isla durante estas festividades.
Este acto administrativo generó todo tipo de rechazo de diferentes sectores sociales y políticos porque fue firmado a pocos días del paso de los huracanes Eta e Iota que devastaron al archipiélago, dejando al 98 % de las familias en Providencia y Santa Catalina sin techo y sin alimentación.
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El gobernador de San Andrés, Alen Leonardo Jay Stephens, y su secretaria general, Martha Patricia Moreno Rojas, justificaron el contrato aduciendo que el paso de los huracanes generaron una desaceleración de la economía y el turismo y que "es menester que el departamento Archipiélago lidere programas sociales y comunitarios en busca de la reactivación económica".
De acuerdo al objeto del contrato, es de prestación de servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación, montaje y desmontaje del alumbrado navideño de la isla de San Andrés para el año 2020.
El representante a la Cámara César Lorduy repudió el hecho señalando que es inaudito pensar que muchas personas aún no tienen donde dormir y pasan hambre para que el departamento gaste más de 1.500 millones de pesos en luces navideñas.
"Increíble que en plena época de recuperación por los efectos del huracán en todo el departamento de San Andrés, en el cual todavía hay gente durmiendo bajo la lluvia sin ninguna protección, otros clamando por una teja o por una carpa, y cientos más recorriendo el territorio en busca de algo de alimento, el gobernador de San Andrés con una coraza que debe tener para poder ignorar el dolor y las lágrimas de sus coterráneos, les responde con unas bombillas de navidad", indicó el representantes Lorduy.
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"Los Isleños tienen derecho a una navidad, pero en vez de luces y bombillos se debe entregar tejas, carpas y comida", afirmó el congresista.
Este contrato va del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2020 y será pagado en dos cuotas. El primero correspondió al 40% por un valor de 620 millones de pesos y una segunda cuota del 60% por 930 millones de pesos, que serán pagados luego de una auditoría que verifique que se cumplió con el servicio prestado.
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