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Una gran controversia se ha presentado en Cali por la denuncia radicada ante la Fiscalía General en contra de los gobernantes indígenas de la comunidad Misak, por tumbar la estatua de Sebastián de Belalcázarel pasado 28 de abril.
El abogado Hernando Morales radicó una denuncia por daño en bien ajeno en contra de los gobernantes que reconocieron haber participado en el derribamiento de la estatua, ubicada en el oeste de la capital del Valle..
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El abogado asegura que Pedro Velasco, gobernante de la comunidad Misak; Edgar Alberto Velasco, secretario del Movimiento de Autoridades de Indígenas, y "los representantes de los tres pueblos y 52 autoridades a nivel nacional"deben ser investigados por el delito de daño a bien ajeno con agravante.
“Se les debe llevar a juicio hasta las últimas consecuencias, porque públicamente reconocieron ser los determinadores, lo que se conoce como los autores intelectuales del delito del daño al bien ajeno agravado, por ser un monumento del Estado. Es que la cultura de ellos no puede primar sobre la cultura nuestra, independiente de lo que haya sido Sebastián de Belalcázar, esa imagen en un homenaje a nuestro fundador”, indicó el jurista.
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Por su parte, David Aucenon, abogado constitucionalista, considera que si bien es un proceso de resignificacion que podría tomarse en cuenta, este tipo de acciones judiciales no tienen ningún futuro.
“En delitos como este, debe ser la persona directamente a la que se le ha vulnerado el bien jurídico, quien interponga la denuncia por ser un delito queréllable, entonces no puede cualquier persona poner la denuncia. Entonces en este caso tendría las de perder, ya que debe ser la Alcaldía o la Gobernación u otra entidad estatal que esté a cargo de ese monumento directamente afectado, la que ponga la denuncia”, explicó.
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De acuerdo al Código Penal, que el abogado Hernando Morales cita en la denuncia, la pena que podrían afrontar los gobernadores indígenas sería de dieciséis a treinta y seis meses de prisión. Asimismo, tendrían una multa hasta de quince salarios mínimos mensuales legales vigentes.
