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En el informe ‘Paramilitarismo e Impunidad: Violaciones a los Derechos Humanos en las zonas 1 y 2 del Suroeste antioqueño’, la Corporación Jurídica Libertad narró los hechos violentos que vivieron las comunidades en esta subregión del departamento debido a la presencia de grupos paramilitares, entre los años 1985 y 2007.
Ebherar Cano, investigador de la Corporación Jurídica Libertad, aseguró que 67 masacres, que dejaron 335 muertos, y otros delitos como desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, amenazas, violencia sexual y desapariciones forzadas, que dejaron más de 153.000 víctimas, fueron cometidos por grupos privados de Autodefensas, las Convivir, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, el frente Cacique Pipintá, el frente Suroeste y el bloque Suroeste de las AUC.
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Añadió el investigador que en el informe también se expone la relación que existe entre los grupos paramilitares con el Estado y las élites locales.
"La lectura del paramilitarismo parte de las particularidades en el territorio donde las presiones de las élites locales para conservar el orden social y el clientelismo facilitaron la agrupación de estructuras de Autodefensa armadas que posteriormente, y con responsabilidades de políticos y empresarios de las esferas de la opinión pública regional y nacional, financiaron y fomentaron la incursión y consolidación de las distintas estructuras paramilitares en la subregión", dijo el investigador.
Y señaló: "El relacionamiento entre el Estado, élites regionales, empresas, personajes de la esfera pública como la familia Uribe Vélez, Ernesto Garcés Soto y su familia, con los paramilitares y estructuras de Autodefensa, debe ser entendido como aporte de la maquinaria de muerte que ha sido silenciada en la subregión y que hasta nuestros días demuestra secuelas de dolor en el territorio".
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El documento de la Corporación Jurídica Libertad fue entregado al Sistema Integral de Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de la Jurisdicción Especial para la Paz.
