Organizaciones que se tomaron cinco entidades públicas denuncian "acuerdos incumplidos"

Los manifestantes aseguran que permanecerán de manera indefinida en los refugios humanitarios que instalaron.
Dos integrantes de la Guardia Interétnica custodian la entrada del Ministerio de Vivienda en medio de las protestas del Congreso de los Pueblos en Bogotá.
Dos integrantes de la Guardia Interétnica custodian la entrada del Ministerio de Vivienda en medio de las protestas del Congreso de los Pueblos en Bogotá. Crédito: Camila Díaz - La FM

El Congreso de los Pueblos, una alianza de varias organizaciones de comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas, se tomó este martes las sedes de varias agencias del Gobierno en el centro de Bogotá. Desde el Ministerio de Vivienda hasta la Sociedad de Activos Especiales (SAE) permanecen con presencia de los manifestantes.

Quienes protestan exigen el cumplimiento de compromisos de gobiernos anteriores y del de Gustavo Petro, y buscan visibilizar la "emergencia humanitaria" que atraviesan varios territorios por el recrudecimiento de la violencia. En su concepto, no se trata de "una manifestación aislada", sino de "un esfuerzo nacional" para hacer cumplir "acuerdos".

Frente al Ministerio de Vivienda, en la carrera sexta, el sociólogo Sebastián Joya, de la Plataforma Regional Vivienda y Dignidad, explicó que uno de sus propósitos es denunciar el actual modelo de desarrollo urbano y habitacional de Colombia, que "apalanca al capital financiero pero no responde a las necesidades reales de la población".

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Desde las diez de la mañana, miembros de la Plataforma Regional, del Congreso de los Pueblos y de la Guardia Interétnica arribaron al edificio de la cartera de Ciudad y Territorio. Todos los funcionarios salieron y cerraron sus oficinas, mientras quienes lideraban el plantón se apoderaron de los pasillos para convertirlos en espacios de diálogo.

"La idea es permanecer en los puntos hasta que se pueda construir un diálogo articulado con el Gobierno", afirmó Joya en diálogo con La FM. "Nos mantendremos en los puntos, en el legítimo derecho a la protesta que nos cobija la Constitución", añadió. Indicó que el Ejecutivo ha incumplido 104 compromisos, aunque no detalló de qué se tratan.

Antes de la toma, que se ha mantenido pacífica y no ha ameritado intervención de la fuerza pública, sus miembros sostuvieron unas cuatro reuniones con el Ministerio Público, según lo que internamente narran, para comenzar a trazar la ruta hacia lo que en su concepto deben ser las "garantías" para una "mesa de interlocución nacional".

Casi a las cinco de la tarde, una fracción de los manifestantes se retiró del Ministerio del Interior, en la carrera octava, para dirigirse a la Universidad Nacional, el asentamiento principal desde el 13 de octubre para las delegaciones del Congreso de los Pueblos que protestan. Otra parte sigue en el lugar así como en el Ministerio de Vivienda.

La Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y la Secretaría de Gobierno de Bogotá mantienen vigilancia en las instalaciones, así como en las de la Unidad de Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras y la SAE. Todas esas entidades deberían integrar la pretendida mesa de diálogo, que los protestantes esperan que sea permanente.

Para Joya, en los territorios persiste "la ausencia de una política clara de desmantelamiento del paramilitarismo". Los puntos de concentración en la capital, dice el investigador, son clave para posicionar una "agenda de transformaciones que no vemos incorporadas" en la administración de Gustavo Petro, por cuenta de "limitaciones" en el Legislativo.

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El Gobierno, agregó el vocero, tiene "una visión cortoplacista" frente a los avances que los grupos demandan. La postura del Ejecutivo, por su parte, es que no se trata solo de protestas, sino que "es obvio que hay estructuras criminales detrás", según expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti, generando rechazo en los manifestantes.

Un integrante del Congreso de los Pueblos, que mantiene comunicación con los frentes de derechos humanos en las zonas de protesta y que prefiere mantener su anonimato, calificó las declaraciones como "de grueso calibre" y remarcó para La FM que la acusación será "el primer punto" que le presentarán al Gobierno en la mesa de interlocución.

Miembros de los colectivos preparan un reclamo oficial contra el jefe de la cartera política, pues rechazan que el Gobierno promueva la "estigmatización" contra las comunidades que se movilizan. La Guardia Interétnica custodia las entradas de los ministerios del Interior y de Vivienda, ante la vigilancia de funcionarios de la Alcaldía.


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