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Tras la reciente posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez, se han generado conversaciones en el país sobre la implementación de distintas propuestas que incluye su plan de gobierno. Diferentes corrientes sociopolíticas han alzado su voz tanto a favor, como en contra de la pertinencia de sus políticas.
La agenda programática que se ha compartido desde su campaña, y que espera implementar el actual presidente de la República, incluye temas como el respeto por los derechos humanos, la protección de líderes sociales, la igualdad de género, la participación democrática, el cambio climático, la transparencia y la lucha contra la corrupción, las cuáles serán sus banderas políticas para los próximos cuatro años.
A pesar de que la implementación de políticas públicas que garantizan condiciones plenas para diferentes sectores resulta del trabajo del líder ejecutivo y sus ministros, así como del trabajo legislativo del Congreso de la República, en algunos casos se ha evidenciado el liderazgo de otro sector con gran influencia sobre la formulación de las políticas: la sociedad civil. Este importante componente del tejido social y económico del país representa la voz de comunidades, colectivos, territorios con poca presencia del Estado.
Desde hace varias décadas la sociedad civil se ha organizado para potencializar esfuerzos que lleven a mejorar las condiciones de calidad de vida de todas las personas, contribuyendo a cerrar las brechas de desigualdad, avanzar en la lucha contra el hambre y la pobreza, generar condiciones para la equidad de género y proteger el medio ambiente, entre otros asuntos que hacen parte de las distintas agendas internacionales.
Un ejemplo del potencial que tienen las OSC en Colombia, se ilustra a través de la firma del Convenio Internacional Ramsar en 1971. Dicho acuerdo, que fue impulsado por numerosas ONG del país, fuel el pilar para diseñar la Política Nacional para Humedales que buscó alertar y actuar en contra de la desaparición de numerosos humedales a lo largo del territorio colombiano.
Una investigación realizada por la Universidad de Indiana en los Estados Unidos, reveló que en el país hay una OSC cada 163 habitantes lo cual lo convierte en el segundo país con mayor número de OSC per cápita en el continente, luego de Estados Unidos. A pesar de las heterogéneas necesidades del país, los colombiano presenciado una gran explosión de organizaciones de la sociedad civil desde el archipiélago de San Andrés hasta Leticia, desde los cerros de Mavicure hasta Cabo Manglares en Nariño, con más de 3.000 organizaciones de la sociedad trabajando para ayudar a la ciudadanía.
De esta manera, el cambio de Gobierno, su agenda programática y la priorización de programas sociales y ambientales, son el reflejo de oportunidades para trabajar multisectorialmente y crear alianzas público-privadas y público-comunitarias, de manera que los diferentes sectores de la sociedad civil y el Gobierno nacional puedan trabajar colaborativamente para el lograr transformaciones sociales y permitan un progreso equitativo en el país.
Entendiendo la importancia de la sociedad civil, iniciativas como el programa Suma Social de USAID y FHI 360 en Colombia, que busca el desarrollo de habilidades para el fortalecimiento de las OSC y fortalecer todo su ecosistema, seguirá apoyando estos esfuerzos para promover un trabajo articulado entre estas organizaciones y facilitar su participación en los procesos de transformación que se adelantarán desde la nueva administración del país.
Al respecto, Carlos Monsalve, director ejecutivo de la Federación Antioqueña de ONGs, organización que pertenece al comité asesor del programa Suma Social, aseguró, en entervista con RCN Radio, que tiene grandes expectativas por lo que se viene en este proyecto: “Y obviamente en el nivel nacional Esperamos que podamos incidir en una política pública de fortalecimiento de la sociedad civil (...) pensamos que obviamente suma social nos va a dar elementos importantes para articularnos y llevar esos temas a una agenda pública y finalmente tener muchas más garantías no solo para las organizaciones de la sociedad civil sino sobre todo también para los líderes y lideresas sociales.”
