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La sala plena de la Corte Constitucional tumbó la sentencia del 2017 que condenó a la minera Cerro Matoso a reparar a ocho comunidades aledañas a la mina de Niquel en el departamento de Córdoba, con una indemnización de perjuicios de 400 millones de dólares.
La sala acogió los argumentos de la Minera que pidió anular dicho fallo al argumentar que no existían exámenes científicos que comprobaran la relación entre la extracción del mineral con las enfermedades que padecen las comunidades.
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En diálogo con La FM, el cacique Israel Aguilar, vocero de la comunidad Zenú afectado por el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la decisión que ordenaba reparar a 3.000 habitantes afectados, manifestó su preocupación pues la decisión del alto tribunal "nos condena a seguir sufriendo".
"No podemos quedarnos quietos frente a una situación que está ante los ojos de todo el mundo (...) se siguen vulnerando los derechos de las poblaciones afrodescendientes y es un irrespeto", declaró en La FM.
Para el cacique todo esto se trata de procesos políticos y administrativos que no tienen en cuenta el "daño irreversible" en los territorios. "Hay indicios probados sobre el sufrimiento de las comunidades en el área de influencia de Cerro Matoso", expresó.
Con lo anterior, asegura, el riesgo medioambiental no solo se mantendrá sino que irá en aumento. "En el sentido de la salud, si no se controla lo que ordenó la Corte en su primera instancia, las cosas empeorarán; la contaminación esta afectando a las poblaciones", dijo.
Finalmente, dijo que como comunidad buscarán el apoyo de organismo internacionales para afrontar el nuevo fallo de la Corte. "Nosotros como indígenas siempre hemos guardado confianza en los organismos internacionales. Vamos a seguir la ruta y solicitar medidas cautelares ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)".
