Ministerio de Cultura deberá responder ante juzgado de Ibagué por la cancelación del Programa Nacional de Estímulos

La suspensión del programa nacional deja en el aire más de $1.000 millones para los artistas de la región.
Ministerio de Cultura deberá responder ante juzgado de Ibagué por la cancelación del Programa Nacional de Estímulos
Ministerio de Cultura deberá responder ante juzgado de Ibagué por la cancelación del Programa Nacional de Estímulos Crédito: Foto tomada de RCN Radio

Con una sorpresiva decisión administrativa dictada a menos de 24 horas de publicar los resultados, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, frenó la adjudicación de los recursos del Programa Nacional de Estímulos. La medida generó un fuerte rechazo en el gremio artístico del Tolima, donde ya se instauraron acciones judiciales para frenar lo que consideran un atropello contra el sector.

Ante la determinación, el Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Ibagué admitió una acción de tutela que busca dejar sin efecto la Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026. Aunque el despacho judicial aceptó el recurso para su estudio de fondo, no accedió a la medida provisional de suspender cautelarmente el acto administrativo emitido por la cartera nacional.

"Un golpe arbitrario al debido proceso"

La acción legal fue impulsada por Cenuver Giraldo, reconocido periodista, actor y bailarín tolimense, que calificó la actuación del Ministerio como un grave retroceso y una violación al debido proceso para más de 1.300 creadores que radicaron sus propuestas desde marzo en todo el país.

Según denunció Giraldo, la entidad justificó la cancelación argumentando la falta de equipo técnico para la evaluación de los proyectos y anunció que dará otra destinación a los fondos presupuestados, dejando sin respuesta a los concursantes.

Más de $1.000 millones en riesgo para la región

El impacto económico de esta decisión golpea de manera directa la agenda cultural del departamento. Estimaciones del sector señalan que la suspensión del programa privaría al Tolima de jalonar más de $1.000 millones de pesos destinados a la ejecución de proyectos locales, sumado a la mora en el pago de la primera fase para quienes ya habían avanzado en el proceso.

¿Qué ocurrió con el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura?

El Ministerio de Cultura expidió la Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026, mediante la cual suspendió la asignación de recursos y canceló la evaluación de las propuestas presentadas por más de 1.300 artistas y gestores culturales en todo el país. La norma se publicó un día antes de la fecha programada para entregar los resultados oficiales.

¿Qué acción judicial se adelantó desde Ibagué contra esta decisión?

El Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Ibagué admitió una acción de tutela interpuesta por el gestor cultural tolimense Cenuver Giraldo. El recurso busca que se garantice el debido proceso, se reanude la evaluación de las iniciativas y se entreguen los estímulos comprometidos por el Gobierno Nacional.

¿Por qué el gremio cultural califica la medida como arbitraria?

Los afectados denuncian que, tras meses de preparación y postulación de proyectos iniciados en marzo, el Ministerio canceló el proceso de forma repentina alegando falta de equipo técnico para revisar las propuestas y manifestando que le dará un destino diferente a los recursos económicos.

¿Cuál es el impacto de esta suspensión para el sector artístico en el Tolima?

La cancelación de la convocatoria frena el ingreso de más de $1.000 millones de pesos que los creadores del departamento esperaban jalonar para financiar sus proyectos. Además, la decisión genera incertidumbre por los retrasos en los pagos correspondientes a la primera fase del programa.

¿Qué viene ahora en el proceso legal contra el Ministerio de Cultura?

Con la admisión de la tutela, la cartera de Cultura fue notificada formalmente y deberá rendir explicaciones y responder a los requerimientos del juzgado ibaguereño para que la autoridad judicial emita un fallo de fondo sobre la legalidad de la resolución.


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