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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no admitió la acción popular que fue instaurada por parte de la concejal Lucía Bastidas con el fin de que se adopten medidas urgentes para garantizar que se permita la continuación del Metro elevado en Bogotá.
Según el tribunal, en la demanda no se sustentó con suficientes pruebas el peligro inminente aducido por la concejal, en tanto que las únicas pruebas allegas corresponden a notas de prensa y noticias divulgadas por medios de comunicación.
El presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Alfredo Zamora Acosta, explicó que en el fallo se señala que “no se exhibe, hasta este momento, prueba suficiente con la cual pueda inferirse razonablemente, acerca de un cambio real y evidente en los diseños del proyecto de infraestructura para la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, con lo cual pueda justificarse un inminente peligro que amenace o ponga en riesgo los derechos colectivos alegados en la demanda”.
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El tribunal cuestionó que la concejal de Bogotá tampoco aportó prueba de haber acudido ante la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá, solicitándoles la adopción de medidas necesarias para la protección de los derechos colectivos aludidos.
“Así entonces, se tiene que la parte demandante omitió demostrar haber enviado, de manera simultánea a la presentación del presente medio de control, copia de la demanda y de sus anexos a las autoridades accionadas”, señala el fallo.
La decisión fue adoptada por el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Felipe Alirio Solarte Maya, quien indicó que la concejal tendrá un plazo de tres días para corregir los defectos planteados en el fallo con el fin de realizar una nueva revisión al caso.
Según la concejal Bastidas: “el Gobierno Nacional sabotea el megaproyecto al desconocer los avances de la obra: Construcción (18%), patio taller (68%) y el Traslado Anticipado de Redes (95%). Los únicos perjudicados con las demoras en las obras y el caos actual en la movilidad serán los 2,5 millones de bogotanos que se beneficiarán con el Metro”, indicó Bastidas.
En la demanda se insiste que cuatro de las opciones presentadas por el consorcio chino al presidente Gustavo Petro, la alcaldesa Claudia López y la Empresa Metro de Bogotá no son viables jurídicamente, porque el contrato no se puede modificar, ni sobrepasar el monto máximo de adición que establece la norma de contratación pública de hasta el 50% del valor inicial.
Según la concejal Lucía Bastidas, la única solución que recomendó el contratista fue extender el metro de la calle 72 hasta la calle 100, por ser jurídicamente viable y agregar valor, por atender 20.000 pasajeros adicionales.
De acuerdo con la demandante, existe un afán del Gobierno Nacional para enterrar bajo tierra un tramo de la Primera Línea del Metro y hacer efectiva la modificación de lo pactado en 2019.
“Este capricho tendría sobrecostos que podrían oscilar entre los ocho y los 12 billones de pesos y retrasos de ocho a diez años, lo que representaría un caos a la movilidad de los bogotanos durante los próximos años”, dijo Bastidas.
En la acción popular se solicita “al Gobierno Nacional y Distrital que se abstengan de hacer cambios en el contrato inicialmente pactado del megaproyecto. Que la Administración Distrital con la empresa Metro continúen con la ejecución planeada, es decir, sin soterrar ningún tramo del proyecto”.
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También se dejó presente en la demanda que la propia Procuraduría General alertó del posible detrimento patrimonial y los riesgos por las demoras en el plazo de esta megaobra.
