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María Rocío Cortés Vargas sería la nueva superintendente de Industria y Comercio, en reemplazo de Cielo Rusinque, de acuerdo con la información conocida este miércoles. Cortés es abogada y tiene experiencia en la Fiscalía y en la Rama Judicial. Su llegada a la entidad se da mientras permanece pendiente una actuación de la SIC relacionada con los contratos de transporte en helicóptero del Grupo Ecopetrol.
Cortés Vargas tuvo un paso por la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En 2016 fue designada, junto con otros tres magistrados, para ocupar cargos en provisionalidad. Posteriormente, el Consejo de Estado admitió demandas de nulidad electoral y ordenó la suspensión provisional de los efectos de esos nombramientos, al considerar que existían elementos para establecer una posible vulneración del artículo 126 de la Constitución, relacionado con la prohibición conocida como “yo te elijo, tú me eliges”.
El cuestionamiento estaba relacionado con la forma en que se produjeron las postulaciones y elecciones de los magistrados. De acuerdo con el Consejo de Estado, quienes participaron en determinadas postulaciones y elecciones también habrían intervenido en decisiones relacionadas con la designación de quienes posteriormente los eligieron, situación que fue considerada contraria a los principios de imparcialidad e independencia.
Antes de llegar a la Judicatura, Cortés Vargas estuvo vinculada a la Fiscalía General de la Nación. Registros judiciales del Consejo de Estado dan cuenta de que ejerció como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito en Bogotá.
Proceso del Grupo Ecopetrol
La eventual llegada de Cortés a la SIC también cobra relevancia por uno de los procesos que tiene abierto la entidad y que involucra al Grupo Ecopetrol. Se trata de la investigación por los contratos para prestar el servicio de transporte mediante helicópteros, un caso que comenzó formalmente en 2024.
La SIC formuló pliego de cargos contra Ecopetrol, Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, Oleoducto Central y la empresa Helistar por presuntas restricciones a la libre competencia en seis procesos de contratación adelantados entre 2011 y 2023. El valor conjunto de esos procesos superó los $417.524 millones.
Según la investigación, la SIC encontró posibles condiciones en los procesos de contratación que habrían limitado la participación de otros competidores y favorecido a Helistar. Entre ellas estaba un requisito sobre la antigüedad de las aeronaves y otro que exigía que los proponentes tuvieran disponibles en Colombia, desde el momento de presentar sus ofertas, aeronaves previamente modificadas para prestar el servicio. La entidad señaló que esas condiciones podrían haber impedido que otros operadores tuvieran el tiempo necesario para adecuar sus aeronaves.
La investigación no significa que Ecopetrol o las demás empresas hayan sido declaradas responsables. La propia petrolera explicó que la apertura del proceso y la formulación del pliego de cargos no implicaban una sanción y señaló que ejercerían su derecho a la defensa.
Helistar, por su parte, negó haber participado en un supuesto cartel y sostuvo que había actuado bajo las reglas de contratación establecidas por Ecopetrol.
Por eso, uno de los asuntos que quedaría en manos de la nueva administración de la SIC es el trámite de este expediente. La entidad deberá determinar, dentro del procedimiento correspondiente, si las conductas investigadas efectivamente configuraron una infracción al régimen de libre competencia y cuáles serían las consecuencias jurídicas, si llegara a establecerse responsabilidad.
Funciones de la SIC
La SIC es la autoridad encargada de proteger la libre competencia económica en Colombia, por lo que sus decisiones en este caso tienen incidencia no solo sobre las compañías investigadas, sino también sobre las condiciones bajo las cuales empresas privadas pueden competir por contratos de una compañía con participación mayoritaria del Estado como Ecopetrol.
La designación de María Rocío Cortés todavía debe entenderse como una decisión en proceso de formalización, de acuerdo con la información conocida hasta el momento. De concretarse, asumirá una entidad que tiene bajo su responsabilidad asuntos de competencia económica, protección al consumidor, protección de datos personales y propiedad industrial, además de expedientes de impacto empresarial como el relacionado con los contratos de helicópteros de Ecopetrol.
