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La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa dentro del proceso que se sigue en su contra por su presunta responsabilidad en la violación de los topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022.
En su momento el fiscal delegado contra la corrupción Elkin Ardila en la audiencia preliminar de imputación hizo varias aclaraciones y precisiones en relación con las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la participación de Ricardo Roa y dejó en claro que hay pruebas contundentes que pesan contra el entonces gerente de la campaña presidencial como supuesto autor del delito de violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales.
El fiscal delegado radicó el escrito de acusación contra el expresidente de Ecopetrol y se espera la fecha que programe el Centro de Servicios Judiciales para celebrar la respectiva audiencia ante un juez.
Este proceso penal se impulsó en la Fiscalía, tras la compulsa de copias que realizó en noviembre pasado el Consejo Nacional Electoral para que se investigara al entonces gerente de la campaña presidencial ya que era el encargado de autorizar gastos, suscribir contratos y avalar las operaciones contables.
Gran parte del proceso de la Fiscalía se soporta en el traslado de evidencias, documentos y soportes contables recolectados por el CNE en cabeza de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz.
¡Ricardo Roa se declaró Inocente!
Al ser interrogado por parte del juez de control de garantías, Ricardo Roa no aceptó los cargos imputados por parte de la Fiscalía General y se declaró inocente de los señalamientos del investigador.
“No aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y me declaro inocente”, así le respondió Ricard Roa.
¿A cuánto ascendieron los excesos de los gasto de campaña?
Según la Fiscalía el exceso total de gastos reales ascendería, con base en los elementos de pruebas, a un total de 1.664 millones por encima de los límites permitidos por la ley.
De acuerdo con el fiscal delegado en la primera vuelta el limite establecido era de 28.536 millones de operarios, pero se detectó que la campaña ejecutó gastos reales por 29.924 millones de pesos, quedando en evidencia un exceso superior a los 1.388 millones de pesos.
En relación con la segunda vuelta presidencial, el límite establecido era de 13.347 millones de peso. La Fiscalía logró detectar que se registraron gastos por mas de 13.623 millones de pesos, superando el tope fijado en un total de 276 millones millones de pesos.
¿Qué detectó la Fiscalía frente a la violación de los topes de campaña?
El fiscal delegado señaló que aunque la campaña Petro Presidente reportó en Cuentas Claras por concepto de la primera vuelta presidencial gastos por 28.384’680.001 pesos, a ese valor se le suman los gastos no reportados o reportados parcialmente que suman 1.193’929.890 presos, así como el ajuste neto por reclasificación entre vueltas, equivalente 345’982.836 pesos.
“Es decir, que haciendo estos cálculos el gasto real de l primera vuelta ascendió a 29.924’592.727 pesos, suma que comparada con ese límite fijado por la autoridad electoral, produjo un exceso de 1.388’072.235 pesos.
La Fiscalía advirtió que los investigadores detectaron un indebida imputación contable entre las vueltas electorales, ya que se registraron gastos en una vuelta distinta de aquella a la que material y cronológicamente correspondía.
“En concreto bajo su gerencia, y dirección hubo gastos por 358’388.586 pesoscorrespondientes a servicios de logística, prestados por seguridad Jamaro Limitada y una pauta contratada con Caracol Televisión S.A, los cuales habrían sido registrados como gastos de segunda vuelta, pese a haber correspondido a la primera vuelta presidencial y no a la segunda”, dijo el fiscal delegado.
En sentido contrario, la Fiscalía descubrió gastos por más de 12 millones de pesos pagados a Hoteles de la Recolecta SAScorrespondiente a un evento realizado el 01 de junio de 2022, cuando ya se realizaba la segunda vuelta presidencial, pero fue registrado como si permaneciera a la primera vuelta.
¿Se cierran las puertas para una eventual negociación?
Fuentes consultadas en el marco de este proceso explicaron que pese a que ya fue radicado el escrito de acusación, hasta que no se instale formalmente la audiencia de juicio oral todavía se mantiene abierta legalmente la posibilidad de una eventual negociación.
Cabe señalar que el pasado el 30 de julio, en su último día como presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán ofreció una rueda de prensa. Defendió su gestión, que provocó números rojos en la estatal y problemas reputacionales por los escándalos judiciales a su alrededor, y prometió que no saldría del país al dejar el cargo.
En dicho encuentro Ricardo Roa le manifestó al fiscal delegado que estaría dispuesto a colaborar con la justicia y la posibilidad de buscar una negociación bajo un “mecanismo de terminación anticipada”, dentro del proceso por la violación de los topes de la Campaña Petro Presidente 2022.
Ante este escenario la FM conoció que el fiscal del proceso le explicó que las dos opciones legales son el preacuerdo, bajo el cual se tendría que allanar a los cargos a cambio de una rebaja en la pena que la determina un juez y la segunda alternativa es el principio de oportunidad, con el cual cesa la acción penal en su contra con el compromiso de declarar y servir de testigo contra otros presuntos implicados.
Tras escuchar al fiscal Ardila, fuentes judiciales confirmaron que el expresidente de Ecopetrol habría dejo entrever que le llamaría la atención de un posible principio de oportunidad.
Sin embargo, el fiscal fue enfático con Ricardo Roa que las condiciones para una eventual negociación conllevan a que formalice su intención, a través de una carta en la que debe manifestar su voluntad de buscar un principio de oportunidad, que está dispuesto a aceptar su responsabilidad y a servir detestigo de cargos.
Además, el fiscal delegado le precisó al exgerente de la campaña presidencial de Petro que luego debería someterse a un interrogatorio ante los investigadores en relación con este expediente y con base en la información y pruebas que eventualmente aporte ese organismo decidirá si es viable concretar una negociación y los términos de la misma.
Igualmente, se le advirtió que en el caso de un principio de oportunidad la información tiene que ser relevante para las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en relación con la presunta responsabilidad de aforados, porque ya el Consejo Nacional Electoral avanzó en sus investigaciones e incluso emitió las respectivas sanciones.
La otra alternativa que tendría Ricardo sería allanarse a los cargos, pese a que en las audiencias preliminares de imputación en mayo pasado insistió en declarase inocente y negó su responsabilidad en estos hechos.
