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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que en 2023 cayó la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares del país, pasando 28,1% a 26,1%.
Sin embargo, hay regiones en la que este indicador aumentó. Por lo menos 15 departamentos mostraron variaciones estadísticamente negativas, entre ellos Quindío, Cauca, Tolima, Casanare, Cundinamarca, Huila y Vichada. Este último registró el mayor crecimiento pasando de un 30,7% en 2022 a 39,7% en 2023.
En diálogo con RCN Radio, el secretario de Agricultura y Desarrollo Económico de Vichada, Alcides Aguilera Peña, atribuyó el arraigo del problema en varias “realidades” que se viven en el territorio, entre ellas, las pocas posibilidades de producción por la falta de insumos que no llegan fácilmente por el mal estado de las vías, la elevada tasa de natalidad y la falta de oportunidades de empleo por las pocas empresas privadas en el territorio.
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“Vichada es el segundo departamento del país y es dependiente agroalimentariamente de lo que otros territorios nos pueda vender, a través de las vías con las que contamos, Meta y Cundinamarca y desde allá, nos llegan los alimentos por falta de inversiones en las vías”, dijo el funcionario.
Aguilera Peña agregó que el Gobierno Petro ha tenido “la voluntad”, pero las promesas no se han logrado concretar, por lo que hizo un llamado poner en marcha políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del Vichada.
“Los proyectos agropecuarios que se han ejecutado desde el sector público no han sido pertinentes. Por parte de este Gobierno sentimos qué hay buenas voluntades, no se ha logrado concretar nada. Nosotros creemos que se pueden atacar esas problemáticas para no seguir siendo los últimos en índices de competitividad y en inseguridad alimentaria”, dijo.
En ese sentido, el funcionario pidió “garantizar que haya empleo desde el sector privado; tiene que haber una estrategia de educación sexual y reproductiva para reducir las tasas de natalidad y además, lograr una producción agropecuaria. No más entrega de una semillas o de tres vacas, esto no genera un impacto en el territorio. Tiene que haber algo más allá”.
En contraste, en Bogotá y 17 departamentos del país, la prevalencia de inseguridad alimentaria de moderada a grave disminuyó, entre ellos Chochó y La Guajira.
En el caso de la península reporta su gobernador, Jairo Aguilar Deluque, que se ha venido trabajando en varias estrategias con articulación del Ministerio de Vivienda invirtiendo en proyecto de agua potable, que es el problema de fondo.
Asimismo, resaltó la cooperación internacional, especialmente la oferta ofrecida por las Naciones Unidad a través del Programa Mundial de Alimentos que opera el Programa de Alimentación Escolar. Con esta entidad se está trabajando en una “hoja de ruta” para fortalecer la soberanía alimentaria.
Sin embargo, el hambre se sigue sintiendo, sobre todo en los territorios alejados de los casos urbanos. El funcionario manifestó preocupación pues gran parte de la población debe ser atendida por la Nación; en el caso específico de los niños, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
“Hay que recordar que nosotros hacemos el 10%, prácticamente el 100% lo hace el ICBF que atiende a 100 mil niños en el departamento. Hemos recibido con gran preocupación el llamado de alerta por falta de la Defensoría, por eso hemos pedido al ICBF revisar bien los pilotajes que viene adelantando que han generado traumatismo en los temas contractuales para que esto no vaya a tener afectación a la atención que se brinda a la población”, aseguró el mandatario regional.
También aprovechó la oportunidad para referirse al escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, en los contratos de las ollas comunitarias y la compra de los carrotanques, lo que según el gobernador “ha generado una tragedia en el territorio”.
“Hay situaciones que no han salido bien en materia de atención de emergencia por la Unidad de Riesgo. Lo que ha pasado para nosotros ha sido una tragedia, sobre todo que la articulación con la UNGRD en un departamento como La Guajira se da de manera permanente, pues nosotros todo el año estamos en emergencia”, dijo.
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Añadió que “si la Unidad no funciona bien, el pueblo guajiro padece. Ojalá que las cosas empiecen a funcionar bien y que las personas que ha cometido algún delito, paguen por ello. Estamos hablando del futuro de nuestros niños, de un departamento que brinda todo a la nación, lo hizo con el gas y lo está haciendo con el carbón, pues Cerrejón paga 8.8 billones de pesos, la mitad de los impuestos de renta”.
