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El secretario general de la Cancillería, Jorge Antonio Salazar, le pidió por medio de una carta al fiscal general, Francisco Barbosa, que la entidad que dirige, adelante las investigaciones que considere pertinente en el marco del proceso de licitación de pasaportes, cuya suma es cercana a los 600 mil millones de pesos y que se definirá a inicios del mes de agosto.
Cabe mencionar que varios oferentes de este proceso han manifestado su molestia, argumentando que cómo están los criterios técnicos, no existen condiciones para competir con la firma Thomas Greg y Sons.
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“Se acude a la Fiscalía General de la Nación para pedir respetuosamente que, si lo estima procedente dentro del marco legal de sus competencias, adelante las investigaciones que considere necesaria para establecer la existencia de cualquier irregularidad o ilicitud que pueda presentarse o haberse presentado en el procedimiento licitatorio referido, conformando una noticia criminal para que la entidad a su cargo adelante la instrucción que concluya con las peticiones de rigor ante los jueces de la república”, señala uno de los apartes de la carta enviada por la Cancillería a la Fiscalía.
Cabe mencionar que el trámite para la celebración de este contrato cuyo objetivo es el suministro y formalización de pasaportes, se inició el 5 de enero del 2023 con el Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, el proceso ha sido ampliamente cuestionado por lo que la Cancillería invitó a “denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad constitutiva de conducta punible o falta disciplinaria que pueda atentar contra el ordenamiento jurídico”.
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Este proceso licitatorio fue suspendido temporalmente justamente para revisar las observaciones de los oferentes y se retomó el pasado 5 de julio. Para la Cancillería, es prioritario escoger al próximo operador de este servicio porque el contrato actual vence el próximo 31 de agosto.
