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Las acusaciones que terminaron con la salida de María Cristina Palau de la dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), están cargadas de una serie de dudas e inconsistencias.
En la denuncia que está relacionada con contratos para la construcción de establecimientos de reclusión en los municipios de Cómbita (Boyacá) y Pereira (Risaralda), es preciso recalcar que estas obras ni siquiera están en construcción y un dato hasta ahora en el cual no se ha profundizado, es que el Uspec frente a estas obras sólo plantea el estudio técnico, porque el resto del proceso de licitación, adjudicación y manejo de los recursos, está bajo la responsabilidad de Fonade.
Sobre la supuesta coima de 600 millones de que habla el denunciante, según se ha podido establecer, la ex directora de Uspec ni siquiera conoce el Hotel Tryp, donde supuestamente se hizo entrega del dinero. Sería apenas elemental que las autoridades solicitaran a las directivas de este hotel, todo el material de las cámaras de seguridad, que permitan evidenciar tal afirmación.
En el escrito de la denuncia, conocido por este medio, literalmente se trata de un anónimo, porque se despide como “contratista estafado por la directora de la Uspec” y entrega una dirección de correo electrónico, que al parecer es inexistente, pero será la Fiscalía la que determinará mediante un peritaje técnico su autenticidad.
Así mismo, se menciona en esta denuncia de posible corrupción, al presidente del Consejo Nacional Electoral Alexander Vega, quien supuestamente tendría dos empresas para las obras de Cómbita y Pereira en una posible alianza con el senador Bernardo el ñoño Elías, sin embargo, el supuesto contratista estafado, argumenta que el proceso está demorado porque el senador Elías estaría manejando el tema desde Fonade, es decir, aquí surge la gran contradicción, donde a las claras admite que Uspec no era la entidad responsable de la adjudicación.
El escrito del anónimo además está lleno de errores ortográficos, además de una serie de inconsistencias, que generan más dudas que certezas sobre la acusación.
Hasta el momento ningún organismo de control o investigación se ha pronunciado sobre pérdida de dineros públicos en los procesos que tuvo a su carga la ex directora del Uspec María Cristina Palau, ni tampoco un crecimiento en su patrimonio.
Uspec que es una entidad relativamente nueva, es sin duda un quemadero para quien ha ejercido el cargo de director, en sus escasos 6 años de existencia, han desfilado no menos de 8 directores. Lo puntual es que tanto la Procuraduría como Fiscalía, tienen en sus manos otro caso que podría derivar en un falso testigo, pero con el agravante que hasta hoy no se sabe el nombre del denunciante.
En los juzgados de Colombia reposan por lo menos 3 mil expedientes por falsos testimonios y se tiene reseña de casos tan sonados como los de Sigifredo López, quien fue una de las víctimas de estas falsas denuncias, pero en el caso puntual del Uspec, la Fiscalía y Procuraduría tendrán la última palabra.
