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La Fiscalía General de la Nación abrió formalmente un proceso penal en contra del exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, y siete personas más, por presuntas irregularidades detectadas en la selección del contratista y en la ejecución del contrato de interventoría del puente elevado de la calle 60.
La decisión judicial salpica también a la exsecretaria de Infraestructura, Sharon Dayana Guzmán González; a los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; a las exasesoras de la Alcaldía Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, y al contratista Francisco José Restrepo Albarello.
El contrato, que superó un valor de 2.997 millones de pesos y fijó un plazo de ocho meses, tenía como objeto realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y sus interconexiones en la capital tolimense.
Irregularidades en la adjudicación y pagos millonarios sin avance de obra
De acuerdo con las indagaciones adelantadas por el ente acusador, el comité evaluador jurídico, del cual hacían parte las exasesoras Arenas Plata y Rojas Millán, habría tramitado y aprobado la propuesta del consorcio representado por Restrepo Albarello, a pesar de que este se encontraba inhabilitado legalmente para contratar con el Estado.
Asimismo, las labores de policía judicial evidenciaron que, aunque los desembolsos debían realizarse en función del porcentaje de ejecución del contrato de obra, al consorcio interventor se le reconocieron pagos superiores a los 1.000 millones de pesos cuando la construcción ni siquiera alcanzaba el 6 % de avance físico.
Falta de controles y presunta omisión de funciones
En el desarrollo de las pesquisas, la Fiscalía determinó la presunta responsabilidad individual de cada uno de los procesados en el manejo de los recursos públicos:
“Hurtado Barrera, en su condición de alcalde, presuntamente omitió ejercer los controles necesarios sobre el proceso de selección y la ejecución contractual”, indicó la investigación.
Por su parte, se estableció que la exsecretaria Guzmán González habría participado en la adjudicación y respaldado las actuaciones que permitieron los pagos contrarios a lo pactado. Entretanto, Restrepo Albarello, como representante legal del consorcio, habría promovido cobros ajenos al desarrollo real de la obra, mientras que los exsupervisores Herrán Triana, Peralta Delgado y Zambrano Rodríguez presuntamente tramitaron y avalaron los giros sin adoptar las medidas para impedirlos.
Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima les imputó, según su nivel de participación, los delitos de peculado por apropiación en favor propio y de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
¿Qué está ocurriendo con el proceso judicial del puente de la calle 60?
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado y a siete exfuncionarios y contratistas por presuntas anomalías en el contrato de interventoría del proyecto, cuyo valor ascendió a más de 2.997 millones de pesos.
¿Quiénes son los principales implicados en esta judicialización?
Entre los vinculados figuran el exalcalde Andrés Fabián Hurtado; la exsecretaria de Infraestructura Sharon Guzmán; los exsupervisores Diego Herrán, Freddy Peralta y Jorge Zambrano; las exasesoras Angie Rojas y María Alejandra Arenas, además del contratista Francisco Restrepo.
¿Dónde se cometieron las presuntas irregularidades en la contratación?
Los hechos investigados se concentran en la Alcaldía de Ibagué y en los trámites de selección y ejecución del contrato de interventoría para la construcción del puente elevado de la calle 60 y sus interconexiones.
¿Cuándo se realizaron los giros irregulares denunciados por la Fiscalía?
Los pagos autorizados al consorcio interventor, que superaron los 1.000 millones de pesos, se efectuaron durante el periodo de ejecución de la obra, cuando el avance físico del proyecto registraba un porcentaje inferior al 6 %.
¿Por qué se imputaron delitos de corrupción a los ocho procesados?
Porque las investigaciones evidenciaron la aprobación de una propuesta que estaba inhabilitada para contratar con el Estado, la omisión de controles obligatorios por parte del exmandatario y el giro injustificado de recursos públicos sin el debido soporte de avance de obra.
