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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Martha Lucía Parra García, quien fue secretaria general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, entre 2022 y 2023, por posibles irregularidades relacionadas con varios contratos celebrados durante 2023.
La investigación busca establecer qué ocurrió en la planeación, estructuración, celebración, ejecución, financiación y seguimiento de dos contratos, uno con Findeter y otro con Agrilink.
Los recursos involucrados estaban relacionados con la política de catastro multipropósito, uno de los procesos estratégicos para actualizar la información sobre los predios del país.
¿Qué está investigando la Procuraduría?
El Ministerio Público busca determinar si durante las diferentes etapas de estos contratos pudieron presentarse actuaciones irregulares.
Hay que aclarar que por ahora, la Procuraduría no está afirmando que se hayan cometido faltas disciplinarias. Lo que abrió fue una investigación para establecer las circunstancias en las que se desarrollaron estos procesos contractuales.
La revisión incluye prácticamente toda la cadena de contratación: desde la planeación y estructuración de los contratos, pasando por su celebración y financiación, hasta la ejecución y el seguimiento.
En otras palabras, el órgano de control quiere establecer cómo se diseñaron estos contratos, cómo fueron contratados, cómo se ejecutaron los recursos y qué controles se realizaron sobre su desarrollo. Los contratos objeto de la actuación fueron celebrados en 2023 con Findeter y Agrilink.
Siete personas más quedaron vinculadas
Pero la investigación no se concentra únicamente en la exsecretaria general del IGAC. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal también vinculó al expediente a siete servidores públicos y contratistas relacionados con la entidad.
Según el Ministerio Público, estas personas tuvieron diferentes roles durante el periodo que está siendo revisado y, por esas funciones, pudieron haber tenido algún tipo de participación en los trámites contractuales que ahora son objeto de investigación.
Esto significa que la Procuraduría busca reconstruir cómo se tomaron las decisiones y quiénes intervinieron en las diferentes etapas de los contratos. La vinculación al proceso tampoco significa que estas personas sean responsables de alguna irregularidad.
La finalidad de esta etapa es precisamente determinar si existieron conductas que puedan tener relevancia disciplinaria y, de ser así, quiénes podrían tener responsabilidad.
Recursos para el catastro multipropósito
Un elemento importante del caso es el destino de los recursos involucrados. Los contratos investigados estaban relacionados con la política de catastro multipropósito.
Este proceso busca contar con información actualizada sobre los predios y sus características, y hace parte de las políticas de gestión territorial del Estado. Por eso, la Procuraduría está revisando cómo se manejaron los recursos asociados a esta política y si los procedimientos utilizados para contratar y ejecutar esos recursos se ajustaron a las reglas correspondientes.
El foco de la investigación está entonces en los contratos y en las actuaciones de los funcionarios y contratistas que participaron en ellos.
¿Qué viene ahora? Las pruebas documentales
De acuerdo con la información oficial, para avanzar en el proceso, la Procuraduría ordenó practicar pruebas documentales. La finalidad es establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que habrían ocurrido los hechos que están siendo investigados.
Según el Ministerio Público se tendrá que revisar los documentos relacionados con los contratos, su trámite y ejecución para determinar qué ocurrió en cada una de las etapas cuestionadas.
A partir de esas pruebas podrá establecer si existen elementos que permitan avanzar hacia eventuales responsabilidades disciplinarias o si, por el contrario, no se encuentran irregularidades que puedan ser atribuidas a los investigados.
Por ahora, la actuación se encuentra en etapa de investigación. La Procuraduría investiga posibles irregularidades; no existe en este momento una decisión que determine responsabilidad disciplinaria contra Martha Lucía Parra García, los siete servidores públicos y contratistas vinculados al expediente. El caso está relacionado con dos contratos celebrados en 2023 y con recursos asociados a la política de catastro multipropósito.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿A quién investiga la Procuraduría?
A Martha Lucía Parra García, exsecretaria general del IGAC entre 2022 y 2023, además de siete servidores públicos y contratistas vinculados al expediente.
¿Qué contratos están bajo la lupa?
Dos contratos celebrados en 2023, uno con Findeter y otro con Agrilink.
¿Qué está tratando de establecer la Procuraduría?
Si hubo posibles irregularidades en la planeación, estructuración, celebración, ejecución, financiación y seguimiento de esos contratos.
¿Ya hay responsables disciplinariamente?
No. Se trata de una investigación en curso y la Procuraduría ordenó pruebas documentales para determinar qué ocurrió y si hubo alguna responsabilidad.
