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El Juzgado Quinto Municipal de Pequeñas Causas y de Competencia Múltiple de Cali, a cargo de la jueza Janneth del Rosario Burgos, ordenó a la Gobernación del Valle del Cauca retirar las imágenes y símbolos religiosos católicos, ubicados en el primer piso y en el sótano del Palacio de San Francisco.
El fallo es el resultado de una acción de tutela interpuesta por la ciudadana Piedad Maya Cardona, quien manifestó sentirse ofendida al percatarse de que la Gobernación estaba usando los recursos de los contribuyentes para la evangelización de un culto en particular. Por eso, denunció que se estaba violando el derecho fundamental de laicidad del Estado.
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"La señora Piedad Maya Cardona, quien afirma haber trabajado para la Gobernación del Valle en diferentes eventos de posesión, se siente muy ofendida al percatarse de la presencia de varios altares y/o una capilla católica en la Gobernación del Valle del Cauca", dicen los antecedentes que reseña el juzgado, sustentados por el apoderado de la demandante.
"La campaña religiosa de la Gobernación del Valle del Cauca son acciones positivas tangibles, consistentes en que la planta física de la gobernación, ha sido recientemente llenada por imágenes del culto católico, en lugares ampliamente visibles para los visitantes, imágenes de la virgen de Fátima y Guadalupe y un enorme crucifijo".
Ante dicha decisión, la Gobernación del Valle del Cauca anunció que se dará cumplimiento al fallo. Sin embargo, aseguró que el espacio religioso ha sido iniciativa de los mismos funcionarios de la entidad, que pidieron un lugar para profesar su fe.
Según Lía Patricia Pérez Carmona, directora del Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca, ahora el espacio permanecerá libre para que sea abierto a todas las personas que lo puedan utilizar y profesen la fe que tiene cada uno y su culto en específico.
En su defensa la gobernación indicó "no era cierto que la mandataria seccional tenga a cargo una campaña evangelizadora gubernamental, pero tampoco ha dejado sus preferencias religiosas por contar con la dignidad que le otorgaron un millón de personas, pues dicha condición no la obliga a hacer desaparecer sus creencias religiosas".
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Finalmente, informó al juzgado que "la Gobernadora del Valle del Cauca no viola el principio de separación entre la iglesia y el Estado, ni el principio de igualdad en materia religiosa o el pluralismo religioso, pues por el contrario trata con la misma dignidad y respeto a la diversidad de funcionarios, contratistas y visitantes de diferentes credos que ingresan al Edificio de la Gobernación".
La Gobernación tiene 48 horas para dar cumplimiento a la orden de la jueza.
