"Frenar el Tren de Cercanías es castigar la calidad de vida de su gente", advierten gremios del Valle

A través de un comunicado, el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (CIEV) manifestó su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de detener el proyecto del Tren de Cercanías del Valle, argumentando que se trata de una medida motivada por "razones políticas" que pone en riesgo el desarrollo sostenible del suroccidente colombiano.

Los gremios lamentaron las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, y recordaron que esta medida no afecta a partidos políticos o congresistas, sino a la ciudadanía del departamento.

"(...) Esta decisión no afecta a partidos políticos ni a congresistas, sino a 4,5 millones de habitantes del departamento, entre ellos más de 1,1 millones de trabajadores, así como estudiantes y madres cabeza de familia que esperan una alternativa de transporte digna, segura y sostenible", reza el oficio.

De igual manera, el CIEV explicó que el Tren de Cercanías del Valle (TCV) no pertenece a ningún partido político, sino que es un proyecto de región concebido como "la apuesta más sólida por la equidad territorial en el suroccidente colombiano. Su primera etapa, el tramo Cali- Jamundí contempla 23,14 kilómetros de recorrido, 21 estaciones, 11 puntos de conexión directa con el MIO y una operación inicial con 36 trenes".

Según los gremios, el TCV generaría más de 14.500 empleos y recuperaría 800.000 metros cuadrados de espacio público, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y la competitividad regional, por ello cuestionaron el actuar del Gobierno Nacional, el cual, -según añadieron- castiga directamente la calidad de vida de los vallecaucanos por "diferencias políticas".

"El Valle del Cauca ya cumplió: entregó los estudios, diseños y la estructura institucional necesaria. Solo falta la voluntad del Gobierno Nacional para avanzar (...) castigar a una región frenando este proyecto por diferencias políticas es castigar la calidad de vida de su gente".

Finalmente, el comité hizo un llamado al Gobierno para que las decisiones de infraestructura no se basen en cálculos partidistas, sino en "decisiones con sentido de equidad y justicia territorial", recordando que el progreso de la región depende de una visión nacional incluyente y sostenible.