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Un juez de control de garantías judicializó a Juan David Cruz Larrarte y ordenó su envió a un centro carcelario, tras ser señalado de presuntamente estafar a 45 personas mediante negocios inmobiliarios en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.
Según la investigación, el procesado habría obtenido más de $865 millones entre 2023 y 2026 a través de contratos de arrendamiento, administración de inmuebles y cobros anticipados.
De acuerdo con las denuncias, Cruz Larrarte, quien se desempeñaba como copropietario y gerente de un grupo inmobiliario, presuntamente contactaba a sus víctimas por redes sociales y llamadas telefónicas, y les presentaba documentos comerciales y bancarios para generar confianza.
Una de las modalidades investigadas consistía en recibir el dinero de los arrendamientos pagados por los inquilinos sin transferirlo a los propietarios. También habría ofrecido descuentos por pagos anticipados y celebrado contratos sobre inmuebles que la empresa no administraba ni estaba autorizada para ofrecer.
En otros casos, presuntamente solicitaba varios meses de alquiler por adelantado como alternativa al requisito de un codeudor, con la promesa de devolver el dinero al finalizar el contrato. Sin embargo, algunas propiedades no habrían sido entregadas y los recursos tampoco restituidos.
De esta manera, un fiscal de la Seccional Medellín le trasladó escrito de acusación por el delito de estafa en modalidad masa, bajo el procedimiento penal especial abreviado establecido en la Ley 1826 de 2017. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
¿De cuánto sería la presunta estafa y cuántas personas resultaron afectadas?
Según la investigación, 45 personas habrían sido víctimas de presuntas estafas inmobiliarias en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. El monto de los recursos involucrados superaría los $865 millones, por hechos que habrían ocurrido entre 2023 y 2026.
¿Cómo habría engañado a las víctimas?
De acuerdo con las denuncias, el procesado presuntamente recibía pagos de arrendamientos sin transferirlos a los propietarios, ofrecía descuentos por pagos anticipados y celebraba contratos sobre inmuebles que la empresa no estaba autorizada para ofrecer.
También habría solicitado varios meses de alquiler por adelantado sin cumplir con la entrega de algunas propiedades ni devolver el dinero.
¿Qué medidas judiciales se adoptaron contra el señalado?
Un juez de control de garantías ordenó que Juan David Cruz Larrarte fuera enviado a un centro carcelario. Un fiscal de la Seccional Medellín le trasladó escrito de acusación por el delito de estafa en modalidad masa. El procesado no aceptó los cargos y deberá afrontar el proceso judicial correspondiente.
