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Luego de que la EPS Sura anunciara que envió solicitud a la Superintendencia Nacional de Salud para su retiro voluntario del sistema de seguridad social del país, se han generado diferentes reacciones, como la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que opinó que el presidente Gustavo Petro ''acabó'' con el sistema de salud en Colombia.
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Según las declaraciones del mandatario de la capital antioqueña, se acabaron las EPS al ''ahogarlas'' financieramente, lo que representa ''un duro golpe para la sociedad'', en especial para el departamento de Antioquia donde hay más de 3 millones de afiliados, 1.6 millones de ellos, de Medellín.
De igual manera, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, consideró que ''un reguero de perdedores, incertidumbre y pánico nos deja la actitud y quietud del Gobierno Nacional'', así como calificó de ''monopolio'' el objetivo de la administración nacional con respecto a los servicios de salud, con que estos queden en manos del Estado.
Anuncio de retiro voluntario de EPS Sura
La EPS Sura anunció que solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud su retiro voluntario del sistema de seguridad social en el país, a través de un desmonte progresivo que deberá ser aprobada por este organismo.
Juana Francisca Llano, la presidenta de Suramericana, detalló que han venido comunicando la situación por la que atraviesan, tanto al Gobierno, como al Congreso de la República y a la sociedad, así como han aplicado estrategias para continuar, sin embargo, no pueden hacerlo, porque han perdido 360.000 millones de pesos en los últimos tres años.
Esa propuesta de desmonte progresivo tiene una serie de pasos para garantizar un retiro que no impacte de manera inmediata a los usuarios, según la presidenta de Suramericana, pues consiste en “realizar una transición coordinada y planificada de sus afiliados que garantice la entrega completa de la información clínica y favorezca la continuidad del tratamiento según las necesidades de las personas''.
Adicional a ello, ''este programa prevé además mecanismos para proteger las reservas técnicas de la IPS Sura y con el fin de gestionar sus obligaciones con distintos actores del sistema como clínicas, IPS y hospitales''.
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La Supersalud tiene un plazo de 65 días para pronunciarse sobre la propuesta de retiro de la EPS Sura, así como de hacer preguntas, e incluso puede rechazarla. En ese sentido, Juana Francisca Llano admitió que el Gobierno podría intervenirla, pues no cuentan con las condiciones legales necesarias para prestar el servicio.
