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Un sacerdote de Manizales encendió la polémica al denunciar al obispo de Cúcuta, monseñor José Libardo Garcés Monsalve, y a su hermano, Mario Garcés, de participar en una estafa de más de $1.000 millones. El caso, que ya está en manos de la justicia civil y eclesiástica, destapó una historia de préstamos, promesas incumplidas y un quiebre que sacude la credibilidad de la iglesia colombiana.
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El sacerdote Julio César Quintero, perteneciente a la Arquidiócesis de Manizales, asegura que entre 2018 y 2021 entregó 153 préstamos respaldados con letras de cambio y consignaciones bancarias. Según él, las solicitudes llegaron tanto del obispo, como de su hermano, aprovechando una relación de amistad que se remontaba a los años de seminario.
“El primer préstamo fue de 20 millones para la compra de una vivienda. Confié en su palabra y en nuestra cercanía. Pero luego la deuda creció sin control hasta superar los 1.017 millones con intereses”, relató Quintero.
El sacerdote afirma que el dinero no salió de feligreses, sino de sus propios ahorros, cesantías como docente y una herencia familiar, lo que lo dejó hoy en la ruina.
Promesas rotas y caída en desgracia
Además del dinero, Quintero sostiene que recibió promesas de apoyo pastoral y cargos eclesiásticos que nunca se cumplieron. La confianza se rompió por completo cuando encontró mensajes que, según él, mostraban que sus expectativas de ascenso eran minimizadas.
El golpe no fue solo financiero. El religioso asegura haber sufrido una crisis de salud mental que lo llevó a ser internado en una clínica psiquiátrica. “No tanto por la plata, sino por el engaño de alguien a quien consideré mi mejor amigo”, confesó.
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Proceso en los estrados judiciales
El caso avanza en el Juzgado Quinto Civil de Manizales, donde reposa un proceso ejecutivo respaldado con documentos y firmas autenticadas. Allí ya se expidió un mandamiento de pago contra Mario Garcés, aunque la supuesta insolvencia del señalado ha impedido que el sacerdote recupere su dinero.
Mientras tanto, el denunciante enfrenta deudas con bancos y cooperativas que superan los 250 millones de pesos y sobrevive con ingresos mensuales reducidos, pues buena parte de sus recursos se destinan al pago de créditos adquiridos para cubrir los préstamos.
Silencio en la Iglesia y llamado al diálogo
Pese a la gravedad de la denuncia, ni el obispo de Cúcuta ni su hermano han emitido pronunciamientos públicos. El caso también llegó al tribunal eclesiástico de Manizales, pero aún no se conocen medidas disciplinarias. La Conferencia Episcopal de Colombia, hasta ahora, tampoco se ha pronunciado.
Ante el silencio, el sacerdote insiste en un pedido: “No exijo todo de regreso, pero al menos que se me reconozca parte de lo que presté para poder pagar mis deudas y devolver a mi familia lo que me ayudó”.
La historia sigue abierta y, con ella, el eco de un escándalo que involucra a la Iglesia, la justicia civil y la confianza de los creyentes.
