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Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que las EPS intervenidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro han empeorado sus condiciones financieras y operativas, comprometiendo gravemente la atención en salud de millones de colombianos.
Según el informe oficial, actualmente hay 12 EPS intervenidas, entre ellas algunas de las más grandes del país: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, S.O.S. y Coosalud. En conjunto, estas entidades concentran el 59,2 % de la población afiliada al sistema, es decir, cerca de 29,5 millones de usuarios.
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El organismo de control señaló que la Nueva EPS, con más de 11,5 millones de afiliados, presenta uno de los casos más graves, ya que no cuenta con estados financieros certificados y su patrimonio es negativo.
“La entidad presenta un riesgo elevado de insolvencia, lo cual amenaza directamente la garantía de atención a sus afiliados en todo el territorio nacional”, señala el documento.
Coosalud, intervenida desde noviembre de 2024, reportó ingresos por $5,3 billones, pero sus costos en salud superan los $6,1 billones. Lo mismo ocurre con Famisanar, que presenta una brecha entre ingresos y costos que evidencia un deterioro operativo significativo.
Sanitas, intervenida en abril de 2024, tiene ingresos por cerca de $9,9 billones, pero sus costos en salud ascienden a $10,9 billones. Además, se ha registrado un aumento en las quejas de los usuarios y en las acciones de tutela, lo que refleja una caída en la calidad del servicio.
La Contraloría también advierte que, “pese a las medidas de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS intervenidas no cumplen con uno o más indicadores de condiciones financieras y de solvencia”, lo que representa una amenaza directa a la atención médica de millones de personas.
El informe destaca, además, que “diversas auditorías y pronunciamientos de la Contraloría General de la República han evidenciado deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las EPS con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y con los proveedores de tecnologías en salud, generando un crecimiento sostenido de la deuda vencida, afectaciones en la atención a los usuarios y riesgos fiscales para el sistema de salud”.
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Asimismo, se resalta que “el crecimiento porcentual de afiliados, producto del traslado de usuarios de las EPS liquidadas, ha generado una carga económica adicional sobre las entidades receptoras, afectando directamente la planeación del riesgo, la suficiencia financiera y la estabilidad de estas EPS, lo que se traduce en barreras de acceso, demoras en tratamientos y un deterioro en la calidad del servicio”.
A pesar de que el giro de recursos por parte de la ADRES aumentó en 2024 hasta los $87,9 billones, los indicadores financieros no han mejorado y la deuda con prestadores y proveedores continúa en aumento.
