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“Seguimos Desenterrando la Verdad en Los Llanos Orientales”, es el nombre del informe que recopila 152 casos de ejecuciones extrajudiciales que habrían sido cometidos por unidades militares adscritas a la Cuarta División, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Brigada Móvil No. 4, durante más de 10 años.
Durante la investigación se logró documentar por parte los colectivos Orlando Fals Borda y José Alvear Restrepo (CAJAR), también por parte de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 107 casos que generaron 152 víctimas de los denominados falsos positivos.
El director ejecutivo de la Corporación Orlando Fals Borda, Cesar Santoyo, explicó que durante 18 meses se analizaron los patrones de macrocriminalidad comunes en los casos de ejecuciones extrajudiciales en los que se contemplaron las fases de preparación, ejecución y ocultamiento de los hechos.
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“De estos 107 casos, sólo en 8 hubo condenas por parte de la jurisdicción ordinaria por los delitos de homicidio en persona protegida, falsedad ideológica y encubrimiento por favorecimiento. Además, destacamos que en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 10 casos culminaron a favor de las víctimas declarando la responsabilidad del Estado”, manifestó Santoyo.
También se concluyó que se utilizaban guías o informantes que permitían identificar a las posibles víctimas, determinando así sus lugares residencia, trabajo e incluso sus trayectos de rutina.
Al mismo tiempo, verificaban supuestamente las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas.
La investigación arrojó que hubo planificación en todos los casos para simular los combates e implantar sobre las víctimas material de guerra o armamento, lo que posteriormente, representó que hubiesen sido presentados como bajas en medio de los enfrentamientos.
Por su parte, el abogado Sebastián Escobar del Colectivo José Alvear Restrepo, señaló que este tipo de crímenes fueron sistemáticos.
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“Es fundamental destacar que el modus operandi característico de las ejecuciones extrajudiciales en la región fue la desaparición forzada de las víctimas, en su mayoría, presentadas e inhumadas como personas no identificadas en cementerios locales. Por tanto, el carácter masivo que adquirió esta práctica no podía ser desconocido por los comandantes de las unidades militares y debe ser valorado como un grave indicio de ocultamiento, aún más cuando se reportan casos en los que las víctimas se encontraban con sus documentos de identidad”, dijo Escobar.
El informe será presentado este miércoles 7 de octubre ante la Sala de ante Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
