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El ministro de Justicia, Néstor Osuna, radicó en el Congreso la Reforma a la justicia que incluye reformar el sistema penitenciario, contemplando beneficios a cambio de procesos que haga el interno en la cárcel y la resocialización de la población carcelaria.
Este último aspecto ha causado polémica por la iniciativa de permisos para que los presos salgan de las cárceles por algunas horas y su posibilidad de salir a trabajar de día y pernoctar en las celdas.
La controversia radica por el rechazo de la ciudadanía a las concesiones que se les dan a las personas que delinquieron, que no obstante merecen reivindicarse, pero estadísticas muestran reincidencia en la criminalidad.
Uno de los ejemplos, es la masacre de Llano Verde en agosto del 2020 en Cali, en donde fueron asesinados cinco adolescentes en un cañaduzal. La Sijín confirmó que el condenado por los hechos, Gabriel Alejandro Bejarano estaba bajo detención domiciliaria y el Inpec confirmó que dos días previos al crimen le había hecho visita, sin embargo, eso no impidió que cometiera el hecho. Preguntándose muchos, ¿cómo una persona con graves antecedentes recibe el beneficio y no es monitoreada electrónicamente para conocer su paradero?
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Siguiendo con Cali como ejemplo, respecto a los que reciben beneficios como la medida de aseguramiento domiciliaria conocida como casa por cárcel, según datos de la Regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en Cali hay 3834 personas con el beneficio, de las cuales el 4,85% cuenta con brazalete electrónico. Así lo indicó Guillermo González, director regional del Inpec.
De acuerdo con el funcionario, fue un juez quien les brindó la confianza a las más de 3800 personas privadas de la libertad con medida domiciliaria en Cali, pero como en el caso de Gabriel Alejandro Bejarano, que cometió la masacre de Llano Verde, esa confianza ha sido violentada. Según el coronel Luis Alfonso Palacio, jefe de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cali, solo en el 2022 fueron capturadas cometiendo delitos el 11,16% de las personas que deberían estar en casa por cárcel. Teniendo en cuenta que esta cifra es la de solo los recapturados, ignorando a quienes violan la medida, pero no son detenidos.
De acuerdo con datos de la Policía Metropolitana, quienes estaban incumpliendo con la medida domiciliaria fueron detenidos por los delitos en su mayoría de: fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto en todas sus modalidades, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, lesiones personales, homicidio y acto sexual con menor de 14 años de edad.
Para muchos expertos en seguridad, como Gustavo Orozco, del Colectivo Cero, datos como los de Cali, exagerados en comparación a otras ciudades, generan preocupación por la incapacidad de proteger a la ciudadanía víctima de la inseguridad.
La preocupación no es en vano, desde el mismo Inpec se ha dicho que no se tiene la capacidad de hacer revista mensual a todos los que están con detención domiciliaria. Solo ese casi 5% que tiene el brazalete es monitoreado virtualmente, y ¿el 95%?
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El ministro de justicia Néstor Ossuna, autor de la reforma a la justicia, reconoce que en la actualidad hay limitaciones en la vigilancia de las personas que están con detención domiciliaria, por lo que para darle seguridad a la ciudadanía propone la implementación de otros sistemas de monitoreo que cubran toda la población de casa por cárcel.
Sin embargo, la adquisición de nueva tecnología de monitoreo para las personas con detención domiciliaria no está reflejada en el texto de la reforma, algo que reconoció el alto funcionario, pero que es un acompañamiento de lo que propone y por el bien común, la ciudadanía espera que así sea.
Voces de la ciudadanía consideran que si hay reincidencia en el delito en medidas como la domiciliaria, temen que aumente con los beneficios de resocialización, como el de salir de las cárceles a trabajar durante el día.
