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La Contraloría General de la República emitió una alerta nacional sobre la grave situación de varios proyectos de infraestructura, los cuales están enfrentando serias dificultades en su ejecución.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría ha identificado atrasos significativos y fallas en la planeación, lo que está afectando negativamente a sectores clave como el agua potable, el saneamiento básico y el transporte.
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Uno de los programas más afectados es el de ‘Caminos Comunitarios de la Paz Total’, que busca mejorar 33.102 km de vías rurales en 26 departamentos del país.
A pesar de que se han suscrito 2.157 contratos, solo 728 han sido finalizados, mientras que otros 1.124 aún no han comenzado su ejecución.
Los departamentos más afectados por suspensiones de proyectos son Boyacá (4 proyectos suspendidos), Atlántico (3), Bolívar (3) y Risaralda (3), mientras que Nariño, Atlántico y Magdalena enfrentan extensas prórrogas, que oscilan entre 7 y 12 meses.
La Contraloría también ha señalado serias deficiencias en proyectos de acueductos y alcantarillados, con una inversión acumulada de $10.9 billones. El 64% de estos proyectos han requerido reformas debido a fallas en los estudios iniciales, lo que ha generado incrementos de costos y retrasos de entre 2 y 5 años, principalmente en Acandí (Chocó) y Río Quito (Nariño), que están detenidos desde 2018.
A su vez, 173 proyectos en el sector del agua potable y saneamiento básico, con un valor de $2.9 billones, están en riesgo debido a problemas de planificación y ejecución.
La Contraloría informó que 200 puentes en el país están en estado crítico, sin embargo, pesar de que el Invías ha asignado recursos para intervenir algunos de estos puentes, la falta de pólizas de seguro en el 30% de ellos agrava aún más la situación.
Aunque se han asignado $42.000 millones para intervenir algunos de estos puentes, los recursos disponibles solo alcanzan para cubrir el 5% de las necesidades, el organismo de control advierte que 174 de ellos requieren intervención inmediata para evitar colapsos.
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La situación se complica aún más con el impacto del Decreto 050 de 2023, que congeló las tarifas de peaje, lo que ha generado una obligación contractual de compensación a los concesionarios de $610.000 millones en 2023, y se estima que para 2024 esta cifra podría alcanzar los $440.000 millones.
Este desfase financiero ha afectado la sostenibilidad de varios contratos de concesión vial, lo que podría llevar a la terminación anticipada de algunos de estos acuerdos.
Si esto ocurre, el Estado tendría que asumir los costos para concluir las obras inconclusas y mantener las infraestructuras parcialmente construidas.
