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El Gobierno Nacional le ordenó a las Aseguradoras de Riesgos Laborales implementar planes de promoción y prevención del Covid- 19. Para eso emitió un decreto que incluye que deben destinar recursos para la atención de la emergencia.
A través del Decreto 500 de marzo de 2020, se determinó que mientras continúe la Emergencia Económica, Social y Ecológica por el Covid–19 en el país, “las Administradoras de Riesgos Laborales (ARP) de carácter público destinarán un porcentaje de los recursos de las cotizaciones para apoyar dicha eventualidad”.
“El 5% del total de la cotización se destinará para realizar actividades de promoción y prevención dirigidas a los trabajadores de las empresas afiliadas para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes preventivos y diagnósticos”, señala.
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La medida, incluye a trabajadores de la salud (asistenciales, administrativos y de apoyo), personal de aseo, vigilancia y alimentación, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud.
También, a trabajadores de terminales de transporte aéreo, marítimo y terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.
Así mismo, según el Decreto 500, “del 92% de las cotizaciones que reciban las ARL por lo menos el 10% se deben destinar a campañas de promoción, educación y prevención, que garanticen que las empresas afiliadas cumplan con el desarrollo del nivel básico del plan de trabajo anual en su programa de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
El decreto también indica que un 1% se destinará al Fondo de Riesgos Laborales y otro 2 por ciento a actividades de emergencia e intervención y para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes preventivos y diagnóstico, dirigidos.
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De igual manera, a “trabajadores de la salud (asistenciales, administrativos y de apoyo), personal de aseo, vigilancia y alimentación relacionados directamente con la prestación del servicio de salud, así como al personal de terminales de transporte aéreo, marítimo y terrestre, control fronterizo, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja”.
Finalmente, el Decreto precisa que las ARL de carácter público “deberán presentar en noviembre de este año un informe detallado a la Superintendencia Financiera sobre la destinación de dichos recursos”.
